La actividad en 27 aeropuertos del país volvería a verse afectada esta jornada, ya que los trabajadores estatales que dependen de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), nucleados en ATE, comenzaron un paro de al menos 11 horas. En simultáneo habrá asambleas de los empleados de Aerolíneas Argentinas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

Esto ocurrirá mientras el gobierno nacional desreguló el sistema de atención en tierra de los servicios aéreos, en perjuicio de la empresa estatal Intercargo -uno de los bastiones sindicales- y denunció a Pablo Biró, titular de APLA, por "extorsiones y amenazas". 

Además, se decidió la exclusión del piloto y sindicalista del directorio de Aerolíneas, en la asamblea de la empresa que fue citada para mañana.

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Según anunciaron desde ATE, el cese de la prestación de servicios se realizará en dos franjas horarias: entre las 6 y las 12 y entre las 17 y las 22. Durante ese período se garantizarán sólo los vuelos sanitarios, humanitarios y aeronaves de Estado, indicaron desde la organización gremial. 

"Esta medida de fuerza se da en el marco de acciones de despidos, del proceso de transferencia de funciones y todo sin ningún marco de diálogo establecido que nos permita transitar esta etapa sin conflicto", expresó el secretario general de ATE/ANAC, Marcelo Belelli.

Desde el gobierno señalaron que la medida de los empleados estatales de la ANAC "no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos". 

Por el contrario, Belelli advirtió que la medida de fuerza "bajará el nivel de categoría de asistencia a los aeropuertos". "Es una acción gremial que va a tener un alto impacto", insistió, en diálogo con AM 750. "Si deciden no informar a los usuarios de esta situación, corren el riesgo de que se vuele en aeropuertos que no cuentan con el sistema necesario para atender a las aeronaves", resaltó.

La escalada del enfrentamiento entre los gremios y la gestión del presidente Javier Milei incluye la aplicación del decreto que declara oficialmente como servicio esencial a la aeronáutica civil y comercial y, por lo tanto, obliga a los sindicatos a avisar cualquier medida de fuerza con cinco días de anticipación y a garantizar servicios mínimos del 50% para no ser considerada ilegal.

Los gremios APLA y AAA no acatarán lo contemplado en el decreto y se presentarán en la Justicia para impugnar esa norma porque "atenta contra el derecho constitucional de huelga y va en contra de lo establecido en la materia por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

Asimismo en un comunicado, firmado por APLA, AAA, la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), sobre la situación de Aerolíneas Argentinas, se advirtió que se está procurando "un lockout patronal, que buscaría detener la operación de la compañía para luego culpar a los sindicatos y sus trabajadores".