En momentos de alta inflación y bolsillos flacos, los gastos en salud son un dolor de cabeza que no puede evitarse. El trabajador puede ahorrar en ropa, salidas y hasta en comida, pero no en la atención para él y su familia en caso de enfermedad. En este punto en las que las obras sociales cumplen un rol imprescindible, casi de supervivencia para los trabajadores.

En estos casos, las obras sociales no pueden retrasarse en la atención. Tampoco pueden elegir a qué trabajador se atiende y a quien no. Estas dos situaciones son indiscutibles desde el sentido más común. Pero parece ser que la Superintendencia de Servicios de Salud no lo entiende así.

Porque al retraso en el giro del dinero para la atención del afiliado, se están sumando cuestionables diferencias en la distribución de los fondos.

Tiempo y equidad son reglas no negociables para una obra social. Pero parece que sí para quien debe girarle sus fondos. En una nota aparecida en el portal Infogremiales, se da cuenta de estas arbitrariedades que están elevando el enojo sindical y pone en riesgo la atención de los afiliados. “Malestar y desconcierto sindical por el reparto de los fondos del Sistema Único de Reintegro” es el título de la nota en la que se da cuenta, con cifras y datos claramente comprobables, las diferencias inentendibles en la distribución de los fondos que le pertenecen a los sindicatos. Hecho que se está acrecentando en lo que va del presente año.

En la nota se destaca que la distribución de fondos de parte de la Superintendencia de Servicios de Salud “fue siempre algo vidrioso en el sentido de que distintos tipos de reintegros, como por ejemplo el del Sistema Único de Reintegro (SUR), es discrecional”.

Las cifras oficiales son tajantes en este sentido. Se comprueban diferencias en los importantes fondos que reciben algunas obras sociales con poco más de 10.000 afiliados frente a lo escaso para otras que tienen más de 200.000.

Para empeorar la situación, de por sí injusta, algunas de las obras sociales perjudicadas son las que atienden a trabajadores con bajos sueldos por lo que es más necesario el subsidio.

La web oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud describe su rol: “Tiene como objetivo implementar, reglamentar y administrar los recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, dirigiendo todo su accionar al fortalecimiento cabal de la atención de la salud de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud, destinando todos los recursos disponibles para la cobertura de subsidios por reintegros por prestaciones de alto impacto económico y que demanden una cobertura prolongada en el tiempo, a fin de asegurar el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, garantizando a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, por Resolución 1200/2012 SSSALUD se crea el Sistema Único de Reintegro (SUR), para apoyar financieramente a los Agentes del Seguro de Salud en el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico y las de tratamiento prolongado”.

Es claro, “asegurar el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, garantizando a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones”. Vale la pena repetir estas líneas. Con una distribución arbitraria de fondos no pueden darse prestaciones de salud igualitarias.

Quien está al frente de del organismo es el médico sanjuanino Daniel López. Quien permanece en el cargo después de tener un ingreso complicado: fue llamado por el ex ministro de Salud, Ginés González García, y asumió luego de que éste fuera eyectado del Gabinete por el escándalo del vacunatorio VIP en el peor momento de la pandemia de Covid 19.

López resistió en el cargo pese a que es claramente “un hombre de Ginés”, como lo definen en los ámbitos sindicales. Es que no solo fueron socios en una bodega sino que en 2002 fue gerente de Prestaciones Médicas del PAMI mientras el ministro de Salud era justamente González García.

Por sus actividades empresarias y como funcionario público logró un buen pasar económico. Según su última declaración jurada entregada a la Oficina Anticorrupción cuenta con varios terrenos en San Juan, dos automóviles, una valiosa propiedad en la localidad de Oakland Park (estado norteamericano de Florida), y una cuenta corriente de varios miles de dólares en Estados Unidos. López es quien tiene la función de evitar los retrasos y distribuir de manera equitativa los fondos pertenecientes a las obras sociales. Cosa que no ocurre.

Esta situación llamó la atención de algunos funcionarios judiciales. Las arbitrariedades en la entrega de los fondos es un tema que creen deben ser investigadas. Los bienes declarados de López así como su desempeño en la función pública están en la mira.

La distribución de estos fondos es arbitraria y en muchos casos perjudica a gremios con gran cantidad de afiliados y cuyas obras sociales son muy requeridas. Entre otras razones porque termina perjudicando a sectores en los cuales -por las características de su labor-, los trabajadores cumplen tareas en las que están expuestos a más riesgos.

Esta situación está generando un malestar en aumento en muchos gremios. Malestar que tiene relación directa con el reclamo de los trabajadores por una atención digna de su obra social. Claro que esta atención se pone en riesgo cuando los fondos no llegan y a veces, cuando esto finalmente ocurre, son montos que no se corresponden con la cantidad de trabajadores a los que se debe atender.

Repetimos, la propia Superintendencia de Servicios de Salud reconoce que su deber es “asegurar el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, garantizando a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones”. Desde muchos sectores le están reclamando a su responsable que lea bien su propia web oficial.