Tras el conflicto relacionado con las tomas de colegios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno Porteño denunció penalmente a 366 padres o adultos responsables de los alumnos que participaron en la medida de fuerza de 11 escuelas. Asimismo, desde la administración exigen el resarcimiento de más de $50 millones de pesos como consecuencia por daños y perjuicios ocasionados.

 

La denuncia emitida en un comunicado formal por el Ministerio de Educación de la CABA detallaron que realizaron, hasta el momento, un total 25 denuncias a responsables a cargo de los alumnos que decidieron ocupar las instituciones de la ciudad para reclamar mejoras edilicias y de la calidad de viandas, entre otros reclamos.

 

En ese sentido, la determinación del organismo porteño en "denunciar penalmente" a los padres de los jóvenes parte del problema por "los días de clases perdidos", y que por tal motivo la Procuración General de la Ciudad tomó cartas en el asunto y decidieron llevar el caso a la justicia realizando unas "25 denuncias" hasta el momento.

 

Vale recordar que la titular del Ministerio de Educación porteño, Soledad Acuña, ya había anticipado sobre la denuncia a finales del mes de septiembre: "Nosotros elevamos los nombres de aquellos que están sosteniendo la toma (de escuelas) a la Justicia, y eso significa que la Ciudad está denunciando penalmente a los padres, no a los estudiantes, sino a los adultos responsables".

 

 

 

En paralelo, el Ejecutivo porteño sumó al reclamo una indemnización equivalente a $50.538.442,85, en relación a los cálculos realizados por la administración en base a los "daños y perjuicios ocasionados por los días de clases perdidos".

 

 

Soledad Acuña: "Hay otros derechos que deben respetarse"

 

 

Conocido el comunicado emitido por la cartera de Educación, su titular inculpó directamente a los adultos responsables, a quienes le otorgó la obligación de "enseñarles a los chicos a dialogar y a participar" cuando haya conflictos en puerta. Sin embargo, puntualizó que la medida de fuerza realizada por los jóvenes contrarrestó "otros derechos" como el acceso a la educación y "que deben respetarse".

 

En ese sentido, Acuña llamó al diálogo ante las disputas y analizó que "todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad". De todas maneras, la funcionaria hizo mención al resarcimiento que se pide por los daños ocasionados, y que el valor de los más de $50 millones de pesos corresponde al equivalente "al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas", sumado a roturas causadas.

 

La ministra mencionó algunos de los "actos de vandalismo", tal como lo tituló en una ocasión como puertas con agujeros enormes y sin picaportes, mingitorios pintados de múltiples colores y paredes con leyendas obscenas escritas con aerosol.

 

Vale mencionar que la medida de fuerza, a principios de septiembre, por parte de los alumnos consistió en la usurpación de establecimientos educativos para exigir refacciones en los edificios y mejorar la calidad de viandas distribuidas en los horarios de clases, entre otros reclamos. En ese sentido, hubo jornadas de actividades y manifestaciones alzando la voz de la protesta y logrando llegar a los medios de comunicación nacionales.