Con el debate interno instalado, referentes sociales cuestionaron ayer el tono discursivo del oficialismo en torno de la toma de terrenos. Desde el Frente de Todos instalaron un mensaje que fue limando sus diferencias, pero se resume en tres puntos: primero, que las tomas son un delito y deben ser tratadas de tal forma, con denuncias en la Justicia; segundo, que hay una crisis habitacional y se busca la respuesta institucional; por último, que la gestión de Cambiemos y la pandemia agravaron el problema.

Este lunes, el Encuentro Nacional de Curas en Opción por los Pobres publicó un comunicado cuestionando esa estrategia. Eduardo De la Serna, uno de los referentes del grupo, aseguró que las ocupaciones no son lo mismo en Buenos Aires que en Santiago del Estero y destacó que "lo que molesta es cuando el que se quiere quedar con la tierra es el pobre; cuando lo hace el rico está todo bien".

De la Serna indicó que "nos preocupa que se aliente esta iniciativa, pero, al mismo tiempo, debemos decir que esto no significa renunciar al justo reclamo de la tierra y la vivienda digna".Agregó que "el tema es complejo, porque hay empresarios o gente que tienen terrenos y que no han pagado un impuesto nunca y hasta les viene bien que les tomen la tierra porque no tienen que poner ningún servicio y con eso se sacan un problema de encima".

Al reconocer la existencia de mafias pareció dejar un tiro por elevación al ministro de Seguridad bonaerense, que denunció que dirigentes de movimientos sociales estaban detrás del negocio de las tomas: "También es cierto que hay mafias en todo esto, desde narcos hasta policías".

En relación con el objetivo de la carta que publicaron, De la Serna dijo: "Pretendemos que haya diálogo, comisiones y lo que sea necesario para dar soluciones porque se tienen que sentar los que son parte para encontrar la mejor solución. Donde hay una necesidad hay un derecho, eso lo decía Eva Perón y eso es lo que sucede".

Por su parte, Gildo Onorato, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), consideró que "no creemos que el Código Penal sea el instrumento para resolver el conflicto social, debe canalizarse institucionalmente, debemos aportar desde el diálogo".

"De nada sirven las polémicas mediáticas, queremos ayudar (a la ministra) María Eugenia Bielsa y al gobernador Kicillof, porque los movimientos sociales somos parte de esto", finalizó.