El fiscal federal Juan García Elorrio avaló que el exministro de Planificación Federal Julio De Vido permanezca en libertad, al menos hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el planteo que formulará su defensa para que se revise la condena a 5 años y 8 meses que se le dictó en una causa vinculada a la de la tragedia de Once. El fiscal emitió un dictamen en el que pidió que "el Tribunal evalúe la imposición de las medidas de coerción" para evitar que el exfuncionario se dé a la fuga; pero descartó solicitar su detención. "La situación que se verifica al día de la fecha, excluye la posibilidad de aplicar una condenación condicional y, en consecuencia, autoriza a evaluar la imposición de medidas de coerción que garanticen el accionar de la justicia", sostuvo el fiscal en el dictamen que firmó el 25 de marzo y que trascendió hoy.

La postura de García Elorrio quedó plasmada en un dictamen que le presentó al Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que es el que condenó a De Vido por administración fraudulenta vinculada al sistema ferroviario: para los jueces, el exfuncionario es responsable de que la empresa que tenía la concesión del Tren Sarmiento (TBA) no hubiera volcado en el servicio los fondos que recibía del Estado lo que, a la postre, fue un factor determinante en la Tragedia de Once.

 

La opinión del fiscal había sido solicitada luego de que los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, a cargo de la defensa de De Vido, se presentaran ante el TOF 4 para adelantar que presentarían un recurso para que la Corte Suprema revise su condena por lo que la misma no debía ejecutarse aún porque el fallo no está firme e invocaron el artículo 375 del nuevo código penal. La opinión de la defensa del ex funcionario es contraria a la de los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once que, ante la consulta del TOF 4, reclamaron que la condena se ejecute porque ya fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. La decisión está ahora en manos de los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico quienes lo resolverían después de Semana Santa, según estimaban este mediodía en los tribunales federales de Comodoro Py.

 

 

 

Al manifestar su opinión, la fiscalía solicitó que se "evalúe la imposición de las medidas de coerción previstas en el citado ordenamiento procesal (cfr. incisos b, c, d, e, i) que constituyen las pautas legales que deben ser tenidas en cuenta para decidir acerca del peligro de fuga". Las opciones a evaluar por el tribunal son la de dejarlo al cuidado de una institución o de otra persona; prohibirle la salida del país; retenerle el pasaporte; obligarlo a presentarse periódicamente ante un juez u otra autoridad designada; o vigilarlo a través de la colocación de un dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física. La denominada Tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra la estación que lleva ese nombre en un accidente que le costó la vida a 51 personas y dejó más de 700 heridos.