El gobierno de Salta desestimó el reciente pedido de la cónsul de Bolivia en Argentina, quien solicitó que los ciudadanos bolivianos vuelvan a recibir atención médica gratuita en los hospitales de la provincia. El gobernador Gustavo Sáenz confirmó que no se revertirá la medida que exige el cobro de tarifas a los extranjeros por servicios médicos no urgentes, una política implementada para aliviar la presión sobre el sistema sanitario provincial.

Fabián Valenzuela, gerente del Hospital San Vicente de Paul en Orán, fue el encargado de recibir a la cónsul y escuchar su propuesta de formular nuevos convenios que permitan revisar la medida. Según Valenzuela, la petición fue clara: "Me manifestaron que de sus compatriotas tenían esta inquietud en cuanto a que no recibían ahora en forma gratuita los servicios hospitalarios". 

Sin embargo, Valenzuela dejó en claro que la medida seguirá vigente. "Les dije que nosotros vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la ley como ellos son estrictos en su país", añadió.

El consulado boliviano solicitó una reunión oficial para el 13 de agosto con el objetivo de formalizar su pedido. "Le dije que una solicitud de esa naturaleza estaba fuera de lugar, es como si yo le pidiera a ella que no cumpla la ley en su país", señaló Valenzuela.

Ante la propuesta boliviana de establecer un arancel diferencial para sus ciudadanos, Valenzuela sugirió que el Estado boliviano, gobernado por Luis Arce, debería hacerse cargo de los costos. "Les dije que lo que podían hacer es pedir presupuesto para hacerse cargo de los costos desde el consulado. Los aranceles se aplicaron por una ley provincial, la 8.421, y nosotros no podemos hacer otra cosa que aplicarla", insistió.

El gerente del Hospital San Vicente de Paul defendió la implementación del cobro, destacando que benefició al sistema hospitalario de la provincia, que enfrentaba una crisis presupuestaria. "Tenemos más disponibilidad de camas, de recursos y de turnos. Antes, gente que vivía a dos cuadras del hospital tenía que irse evacuada a Salta porque no tenía disponibilidad de cama acá en el hospital, y estaba ocupado por ciudadanos extranjeros", explicó.

Según datos del Ministerio de Salud, el 10% del presupuesto de salud pública en 2023 fue destinado a la atención de ciudadanos extranjeros. Desde la implementación de las tarifas, la cantidad de pacientes bolivianos disminuyó drásticamente: de un promedio de más de 300 personas diarias, ahora se atienden solo entre 6 y 7 por día.

Antes de la sanción de la ley provincial, Salta y Jujuy mantenían acuerdos de reciprocidad con el gobierno boliviano para garantizar la gratuidad de la atención hospitalaria a extranjeros en Argentina, siempre que los ciudadanos argentinos recibieran el mismo trato en Bolivia. Sin embargo, los repetidos casos de ciudadanos argentinos que fallecieron en Bolivia al ser rechazados en hospitales por falta de pago provocaron que los gobiernos provinciales revisaran su postura.

Este fue uno de los principales argumentos del gobernador Sáenz al defender la decisión de cobrar por los servicios médicos a extranjeros. La intendencia de Orán informó que, gracias a esta medida, el área de salud ahorró 60 millones de pesos en lo que va del año, tan solo en esa jurisdicción.