Tras diez días de gira por Europa y Asia, el presidente de la Nación, Javier Milei, regresó el último sábado a la Argentina listo para volver a pasar la "motosierra" por el Estado. Además del nuevo escenario político producto del fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner, el gobierno libertario se prepara para tomar decisiones antes de que, en un mes, expiren las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. En ese marco, tiene casi listos al menos 13 decretos. En tanto, podría haber novedades sobre privatizaciones de empresas públicas para acumular reservas en el Banco Central.

Milei se prepara para autorizar cambios que serán centrales para profundizar su agenda de ajuste y reforma del Estado. Los textos normativos ya fueron redactados durante su ausencia y apuntan a una fuerte reducción del gasto público, el cierre o reconversión de organismos estatales, y una mayor centralización en la toma de decisiones. Las áreas más afectadas, según dejaron trascender desde Casa Rosada, serán Salud, Capital Humano y Economía.

 

Los próximos movimientos del Poder Ejecutivo mantienen en alerta a los trabajadores de diversos organismos. Como los del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno de los apuntados donde se esperan despidos, venta de propiedades y una revisión completa de su modelo de gestión.

También están bajo la lupa del gobierno libertario el Senasa, la Anmat, la ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer, este último aún sin reglamentación efectiva tras haber sido anunciado para su desregulación.

Los rumores de cambios empezaron a correr con fuerza por esos organismos tras el informe interno del Ministerio de Desregulación, que lidera Federico Sturzenegger, en el cual se asegura que actualmente hay 111 organismos bajo la órbita del Ejecutivo, de los cuales 71 son descentralizados. Según aseguran desde esa área, la intención es eliminar estructuras duplicadas y burocracias que considera innecesarias. En ese marco, ya se transformó al Banco Nacional de Datos Genéticos en un ente desconcentrado.

Los decretos que firmará Milei para continuar el achique del Estado son revisados por el área jurídica del organismo afectado, luego por el Ministerio de Desregulación, y finalmente por la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzábal.

 

Este circuito se cumple a rajatabla, según afirmaron fuentes del gobierno en la previa. Sin embargo, en los últimos días se aceleraron los chequeos por la cercanía del 8 de julio, cuando cesan las facultades delegadas por el Congreso a Milei. El ministro Sturzenegger ya advirtió que sin estas herramientas muchas de las reformas estructurales quedarán en pausa hasta que el oficialismo, en caso de alcanzar el objetivo en las elecciones de octubre, logre mayorías legislativas tras el recambio de diciembre.

En tanto, en Economía, los cambios se concentrarían en las áreas de Transporte, Agricultura e Industria. El Ejecutivo espera que estos decretos puedan avanzar sin pasar por el Congreso, aprovechando al máximo los últimos días de vigencia de sus atribuciones extraordinarias.

Empresas por reservas

En paralelo con el objetivo de disminuir el gasto público, el Gobierno se enfoca en definir el futuro de varias empresas estatales. Sigue en evaluación la privatización total, parcial, o concesión de cada una de las ocho compañías que quedaron sujetas a esos procesos tras la sanción de la Ley Bases.

Se trata de Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.

 

A cargo de poner en práctica el proceso privatizador está Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y es mirado con lupa por el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Va a haber venta de activos por miles de millones de dólares", dijo Caputo la semana pasada durante una entrevista al brindar un ejemplo de cómo se generarían ingresos a las reservas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) sin que el ente monetario tenga que comprar en el mercado de cambios.