Tras la sanción del Senado sobre la nueva movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei vetó el proyecto en su totalidad. El decreto, firmado el viernes, fue publicado en el Boletín Oficial este lunes, haciendo efectiva la decisión del Ejecutivo luego de considerar al aumento un “acto de populismo demagógico”.

El rechazo, firmado por gran parte del Gabinete de Milei, confirma un nuevo bono para jubilados y pensionados, alineado con el sistema de actualizaciones vigente. Además, se estaría evaluando un incremento adicional del 8%, sujeto a la reacción de la oposición a la medida.

Para ejemplificar sus argumentos, el Ejecutivo señaló que el impacto estimado de la medida sería de 6.160.000.000.000 pesos para 2024 y de 15.430.000.000.000 pesos para 2025. Estos montos"equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquel, estimado para el año entrante".

La medida aprobada por ambas cámaras del Congreso conllevaría, según el Gobierno, de un aumento significativo en el gasto previsional para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): representaría un 18,5% más en 2024 y un 29,2% en 2025. Si se relaciona con el gasto primario del presupuesto vigente, la subida podría alcanzar el 8% anual.

La legislación vetada había previsto una actualización mensual de las jubilaciones basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En contraste, el Ejecutivo estableció un Decreto de Necesidad y Urgencia que incluye una compensación adicional del 8,1%, para cubrir la diferencia con la inflación de enero, que fue del 20,6%.

Además del veto, en el decreto 783/2024 el Ejecutivo anunció un nuevo bono extraordinario de 70 mil pesos para jubilados y pensionados. Este bono se aplicará a quienes reciben prestaciones contributivas a través de la ANSES, así como a beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC).

El nuevo bono también se aplicará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, entre otras. El decreto especifica que el “extra” completará el importe hasta el tope del haber mínimo garantizado.

Asimismo, el decreto establece que jubilados y beneficiarios cuyo total de prestaciones no supere el haber mínimo previsional garantizado también recibirán el bono extraordinario.

A fines de agosto, el Gobierno anunció un aumento del 4,03% en las jubilaciones, aplicable desde septiembre. Con esta subida, el haber mínimo alcanzará los $234.540,23. Este ajuste se basa en la fórmula de movilidad introducida por la administración libertaria, que ajusta por inflación según el IPC publicado dos meses antes.

La inflación de julio, que fue del 4%, determinó la actualización de los haberes para septiembre. Con el bono extraordinario de 70 mil pesos, los nuevos montos quedan de la siguiente manera: el haber mínimo será de $304.540, la Prestación Básica Universal (PBU) será de $177.291,45 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $257.632,18.

Luego del veto presidencial a la nueva fórmula jubilatoria, el Congreso tiene la posibilidad de insistir con la propuesta. Para eso, la oposición necesitará obtener dos tercios de los votos en ambas Cámaras, empezando en Diputados y continuando en el Senado.

Desde la sanción de la ley, el Gobierno intensificó su trabajo con legisladores aliados como el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). En este sentido, se llevaron a cabo reuniones para explicar las razones del veto y asegurar el apoyo necesario para enfrentar un muy posible nuevo debate.

A pesar de que los legisladores del PRO votaron a favor de la reforma jubilatoria, el partido se comprometió a respaldar la decisión del Ejecutivo.