Iba a firmar el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario antes de viajar a Nueva York, pero el presidente, Javier Milei, decidió postergar su segundo rechazo a una ley del Congreso unos días más. Fue para darle tiempo a sus funcionarios a tantear un acuerdo paritario que alivie la presión que ejercerán las filas del sector cuando movilicen al Congreso el miércoles 2 de octubre, tal cual ocurrió con la marcha del 23 de abril.

El Jefe de Estado tiene hasta el próximo jueves 3 de octubre para vetar por completo los fondos y recursos para la educación superior que habilita la iniciativa aprobada por diputados y senadores, tanto como la actualización de acuerdo a la inflación del Indec de sueldos docentes y no docentes.

El decreto ya está listo y el veto será “total”, tal cual anticipó el Presidente. Es lo que reiteran en la Casa Rosada por estos días aunque admiten que el anuncio formal puede tardar hasta la semana próxima. Quedan ocho días -incluido el fin de semana- de los diez hábiles que comenzaron a correr desde que el Senado informó la sanción al Poder Ejecutivo.

El líder de La Libertad Avanza dejó así en remojo su cruzada contra los “degenerados fiscales” sólo para darle tiempo a sus funcionarios a que hagan foco en la posibilidad de llegar a un acuerdo con la paritaria. Desde los gremios sostienen que desde noviembre 2023 perdieron un 40% de poder adquisitivo.

Para eso se reunieron este martes en la Casa Rosada el jefe de gabinete nacional, Guillermo Francos; los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); el secretario de Educación, Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Del encuentro sólo trascendió que tuvo como eje la estrategia política que acompañará al veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el análisis de las conversaciones con los gremios por las paritarias y el estudio de las partidas que se le asignan a la educación superior en el Presupuesto 2025. 

Este miércoles, el ministerio de Capital Humano que conduce Pettovello emitió un comunicado en el que aclaró que “las reuniones con gremios y rectores, que se desarrollan con regularidad, son muestra del compromiso del Gobierno que han significado un aumento del 76,1% en la pauta salarial”. 

Según el Indec y su último Índice de Precios al Consumidor publicado, hasta el mes de agosto la inflación acumulada en el año alcanzó 94,8%.

El comunicado de Pettovello agrega: "Seguimos, como el primer día, en diálogo tanto con rectores como gremios universitarios. Creemos en ello y señalamos que las medidas de fuerza y movilizaciones no alimentan ese intercambio", planteó contra la nueva marcha federal del 2 de octubre y el paro que tendrá lugar este jueves 26 de septiembre.

En paralelo con lo expresado por la cartera de Pettovello, el secretario Torrendell -también participante de la reunión de este martes en la Casa Rosada- retomó el planteo de los “vouchers” de Milei en el almuerzo del Rotary Club -según contó el portal Infobae- y aseguró: “hay partidos de las universidades. Hay actores de la política universitaria, están las reformistas, las radicales, las peronistas. Esta dinámica, que está vinculada con distintos actores, genera las dificultades que hay hoy. Las universidades son potentes y valiosas, pero tenemos que descorporatizar las universidades y mejorar los salarios”.

El antecedente de la marcha que convocan la Federación Universitaria Argentina (FUA), los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes para el próximo martes, es la masiva en todas las ciudades del país del último 23 de abril, la “única bala” que en la Casa Rosada todavía reconocen que “entró” y que los impulsa a moverse de forma más cuidadosa que con otros sectores afectados por el ajuste.

Al otro día, el miércoles 3, Milei formalizaría el veto. Mientras la tensión crece, arrastrada por el primer veto de su gestión a la ley que mejoraba las jubilaciones, en Balcarce 50 se animan a postular a largo plazo la idea de una “reforma universitaria” que tendría como núcleo la “trasferencia” de los centros de educación superior a cargo hoy de Nación, a las provincias. La idea es darles “autonomía, incluida la opción de decidir arancelarla”.