El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora determinó este jueves que la agrupación H.I.J.O.S sea querellante en la causa que investiga cómo se organizó la visita de un grupo de diputados a represores detenidos en el penal de Ezeiza. En tanto, se desestimó una denuncia realizada por la diputada nacional, Lourdes Arrieta, y se la desplazó de la causa.

En detalles, los jueces Ernesto Kreplak y Maximiliano Callizzo aceptaron en un comunicado "tener como parte querellante en la presente causa a Carlos Pisoni y a Virginia Franco (art. 82 CPPN) IV- REMITIR la presente al asiento de la Fiscalía Federal Nº 1 de esta ciudad, a fin que su titular, el Dr. Sergio Mola, continúe la investigación en los términos oportunamente dispuestos, previstos en el art. 196 del CPPN., con relación a los hechos descriptos en el punto I de la presente parte dispositiva".

Pisoni y Franco son dos integrantes de la agrupación y víctimas de delitos de lesa humanidad, quienes aportarán en la investigación por presuntas irregularidades llevadas adelante por el personal penitenciario el día de la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA), el pasado 11 de julio, al penal de Ezeiza.

En una entrevista radial, Pisoni había opinado que los seis legisladores —Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta y Alida Ferreyra— "deberían dejar de ejercer su función" tras dialogar con los represores, entre ellos el ex marino Alfredo Astiz, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar de 1976.

"Es incompatible con visitar o estar a favor de que lo mayores criminales de la historia estén en libertad", argumentó, y agregó: "Nosotros no queremos una sociedad con estas personas libres y tampoco que haya funcionarios públicos que se saquen fotos y se rían con quienes han violado a nuestras madres".

En tanto, la Justicia desestimó este jueves la denuncia realizada, el pasado 7 de agosto, por la diputada nacional Lourdes Arrieta contra sus ex compañeros en el bloque de LLA.

La denuncia acusaba una "posible comisión de los delitos de coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de caudales públicos" al Director Nacional de Servicio Penitenciario Federal, el "Director del Complejo Penitenciario de Ezeiza” y "las personas que organizaron la visita al penal".

Además de quitarle el rol de querellante en la causa, la Justicia le retiró la custodia policial que había ordenado al inicio del expediente. Dicha decisión se basó en que al rechazarse un posible delito no se justifica mantener las mencionadas medidas.