Un pedido de inconstitucionalidad a un decreto del Poder Ejecutivo que habilita, a partir de estas elecciones, el voto vía correo postal para los argentinos que viven en el exterior, derivó en un conflicto de competencia judicial que se encamina a ser dirimido por la Cámara Nacional Electoral.

Se trata de una presentación realizada por una ONG bonaerense que cuestionó lo establecido por el decreto 45/2019, dictado el 11 de enero pasado, con las firmas del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; del ministro Rogelio Frigerio y del canciller Jorge Faurie. 

Esa norma, con alcance para las elecciones nacionales, habilita a los argentinos residentes en el exterior (aproximadamente 360.000) la posibilidad de votar de manera presencial en la representación diplomática o consular correspondiente a su domicilio, como ocurría hasta ahora, o la alternativa de hacerlo a través del correo postal. 

Así lo dispone atento "la imposibilidad de ciertos electores residentes en el exterior de presentarse en el lugar de votación, debido entre otras cuestiones a la distancia existente entre este último y el lugar de su residencia", como así también a "la necesidad de garantizar su derecho al voto". 

Desde su presentación, en febrero pasado, la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la organización Abogados por la Justicia Social (AJUS) La Plata, Berisso y Ensenada lleva transitado un largo derrotero judicial que promete derivar en una definición por parte de la Cámara Nacional Electoral sobre quién debe hacerse cargo de la causa. 

Es que, hasta el momento, el juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, el subrogante Adolfo Ziulu, se declaró incompetente y envió el expediente a su par porteña, María Servini, quien a su vez también entendió que no correspondía a su juzgado hacerse cargo, con lo cual devolvió el expediente a La Plata. 

Allí, según indicaron fuentes judiciales, está ahora a la espera de un nuevo dictamen del fiscal Guillermo Ferrara, que ya había fijado posición en favor de la incompetencia, con lo cual todos los caminos conducirían a que el expediente llegue en breve a la Cámara Nacional Electoral. 

Puntualmente, la presentación realizada por Ajus La Plata, Berisso y Ensenada pide que se dicte una medida cautelar que frene la implementación del Decreto 45/2019 y que la Justicia declare la inconstitucionalidad del artículo 4 de esa norma, que fija las pautas para el "voto opcional por correo postal de los electores argentinos residentes en el exterior". 

"Los argentinos residentes en el exterior podrán manifestar su voluntad de emitir el sufragio por correo postal, inscribiéndose personalmente en la representación diplomática o consular correspondiente a su domicilio o en el registro on-line que la Cámara Nacional Electoral habilite a tal fin, hasta noventa (90) días antes de la fecha de la elección", establece la norma dictada por el Ejecutivo.

En su presentación, la asociación civil esgrime que "la implementación de la modalidad del 'voto postal' merece un minucioso análisis en lo respectivo a la comprobación de las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional para implementarlo mediante un decreto reglamentario, cuando el mismo no se encuentra previsto en la legislación". 

Además, subraya que "el voto presencial es la única modalidad habilitada por el texto de la legislación, para emitir el sufragio dentro y fuera del territorio argentino", y advierte que "las formalidades que hacen a la esencia del voto presencial no se pueden verificar en el 'voto postal' introducido como nueva forma de sufragio mediante el Decreto Reglamentario".