DEMANDA

Amnist铆a Internacional denuncia violaciones de derechos humanos en el Hospital Municipal de San Isidro

La organizaci贸n present贸 una demanda judicial contra la Municipalidad por un protocolo que viola la Ley 27.610: impone consultas psicol贸gicas obligatorias, restringe la atenci贸n al Hospital Materno Infantil y presiona a profesionales para que se declaren objetores de conciencia.

Amnist铆a Internacional present贸 una demanda judicial contra la Municipalidad de San Isidro por aplicar un protocolo interno que obstaculiza el acceso a la interrupci贸n voluntaria y legal del embarazo, en violaci贸n directa de la Ley 27.610.

La organizaci贸n sostiene que la directiva municipal impone requisitos no previstos en la normativa nacional: consultas psicol贸gicas y con el servicio social como pasos previos -en algunos casos obligatorios-, la exigencia de ratificar una decisi贸n ya expresada, y modificaciones en la forma de contar el plazo legal de 10 d铆as. Adem谩s, el protocolo concentra la atenci贸n exclusivamente en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, impidiendo que los Centros de Atenci贸n Primaria de la Salud (CAPS) garanticen las interrupciones del embarazo. Esto configura, seg煤n Amnist铆a, una objeci贸n de conciencia institucional, pr谩ctica expresamente prohibida por la ley.

"Lo que ocurre en San Isidro da cuenta de un alarmante retroceso. La Ley 27.610 es clara y ning煤n municipio puede pretender reescribirla ni imponer obst谩culos adicionales para ejercer un derecho reconocido por ley", afirm贸 Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnist铆a Internacional Argentina.

Un patr贸n sostenido de obst谩culos desde 2024

La demanda se apoya en testimonios recibidos durante 2024, 2025 y 2026 de mujeres y personas gestantes que describieron un circuito de obstrucci贸n en el Hospital Materno Infantil. Entre las pr谩cticas denunciadas figuran la exigencia de requisitos no contemplados por la ley, comentarios moralizantes, la presunta intervenci贸n de personas ajenas al equipo de salud y situaciones en las que se intent贸 desalentar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

Amnist铆a tambi茅n recibi贸 testimonios de profesionales de la salud que se帽alaron presiones para declararse objetores de conciencia, bajo amenazas o apercibimientos laborales. Asimismo, se reportaron casos en que mujeres fueron contactadas de forma insistente, luego de la pr谩ctica, por personas que se presentaban como personal del hospital para averiguar si hab铆an abortado -una conducta que plantea serios interrogantes sobre el uso de datos personales obtenidos en el marco de la atenci贸n sanitaria.

El protocolo fue ocultado hasta que la Justicia orden贸 su entrega

La existencia del documento fue revelada inicialmente por una investigaci贸n de CNN. Ante la falta de respuestas a reiterados pedidos de informaci贸n p煤blica, Amnist铆a inici贸 una acci贸n judicial para obtenerlo. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.掳 2 de San Isidro orden贸 al municipio informar sobre los protocolos vigentes, y fue reci茅n entonces que la gesti贸n municipal confirm贸 su existencia.

La organizaci贸n advirti贸 que la falta de publicidad de la directiva agrava la situaci贸n: impide que las personas conozcan las reglas que rigen su atenci贸n, dificulta el control p煤blico y judicial, y expone a mujeres, personas gestantes y equipos de salud a pr谩cticas contrarias a la ley. Adem谩s, record贸 que la Ley 27.610 incorpor贸 al C贸digo Penal sanciones para quienes dilaten injustificadamente u obstaculicen el acceso al aborto en los casos legalmente autorizados, lo que implica que el propio municipio podr铆a estar comprometiendo la responsabilidad de sus profesionales de la salud.

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