El Gobierno Nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar integralmente la actual Ley de Salud Mental. El anuncio fue encabezado por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien fue categórico al señalar que la normativa vigente -impulsada en 2010- generó graves dificultades en el acceso a tratamientos e internaciones, dejando a miles de familias sin respuestas ante situaciones críticas.

"La ley vigente generó un vacío que todavía no fue resuelto. Esa falla la padecieron muchas familias que durante años buscaron ayuda sin encontrar respuesta, aun en situaciones donde una intervención a tiempo podría haber evitado desenlaces fatales", sentenció Lugones. Según el titular de la cartera sanitaria, el objetivo es dotar al sistema de "herramientas concretas" para actuar bajo el rumbo marcado por el presidente Javier Milei: "poner la vida y la salud de los argentinos primero".

Cambios en los criterios de internación

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la modificación de las internaciones involuntarias. Si bien seguirán siendo un recurso excepcional, el proyecto de Lugones busca que los psiquiatras puedan indicarlas con mayor agilidad cuando exista un "riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros".

Desde el Ministerio explicaron que el término actual de "padecimiento mental" es "ambiguo y demasiado amplio", lo que demora las intervenciones. Por eso, proponen adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) para lograr diagnósticos más precisos. Además, en los casos de internaciones voluntarias donde el paciente pida el alta pero su capacidad esté afectada, los profesionales podrán transformarla en involuntaria con notificación judicial.

Hospitales especializados y fin del cierre de monovalentes

A contramano de la ley de 2010, que impulsaba el cierre de los centros de salud mental específicos, el nuevo proyecto propone fortalecer la red de hospitales especializados. Actualmente, Argentina cuenta con solo 18 hospitales generales con servicios de salud mental, una cifra que el Gobierno considera insuficiente.

"Esta modificación busca que el sistema pueda intervenir a tiempo, con criterios más claros", remarcó el Ministro. El relevamiento realizado por la cartera detectó que solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley actual, lo que demuestra la necesidad de una actualización que se adapte a la "práctica diaria" de profesionales y familiares.

Mayor control técnico

El proyecto también contempla ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, sumando a la Dirección Nacional de Salud Mental y al SEDRONAR. Con esto, el Ejecutivo busca que la fiscalización de los tratamientos y las habilitaciones de los centros de salud tengan un perfil más técnico y preventivo, buscando superar las limitaciones que hoy impiden abordar correctamente las emergencias.