INVESTIGACI脫N

El juez Lijo pidi贸 informaci贸n sobre contratos vinculados a la esposa de Manuel Adorni

La Justicia busca determinar si hubo beneficios indebidos en licitaciones y concesiones, con foco en Tecn贸polis y servicios de mensajer铆a.

El juez federal Ariel Lijo orden贸 una serie de medidas de prueba para analizar contratos estatales y determinar si existieron irregularidades que pudieran haber beneficiado a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La investigaci贸n, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, apunta a revisar licitaciones y concesiones, entre ellas la del predio de Tecn贸polis.

Entre las disposiciones, el magistrado solicit贸 el env铆o de toda la documentaci贸n vinculada a la concesi贸n de Tecn贸polis a Comodoro Py, con el objetivo de esclarecer las condiciones en las que se firmaron los acuerdos. Tambi茅n requiri贸 expedientes administrativos relacionados con servicios de comunicaci贸n y mensajer铆a masiva.

La causa se origin贸 a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que plantea posibles irregularidades en una contrataci贸n de 2025 por m谩s de 3.600 millones de pesos para servicios de SMS, correos electr贸nicos y llamadas. Seg煤n la presentaci贸n, las empresas participantes tendr铆an v铆nculos entre s铆, lo que podr铆a indicar una simulaci贸n de competencia en la licitaci贸n.

En paralelo, la Justicia analiza un presunto entramado societario entre firmas tecnol贸gicas y contratistas del Estado, as铆 como posibles sobreprecios en los servicios adjudicados. Tambi茅n se investiga la relaci贸n comercial de la consultora +Be, propiedad de Angeletti, con empresas que mantienen contratos con organismos p煤blicos.

Como parte de las medidas, Lijo solicit贸 informaci贸n a la Inspecci贸n General de Justicia (IGJ) sobre diversas compa帽铆as involucradas y pidi贸 identificar a los beneficiarios finales de las contrataciones. Adem谩s, requiri贸 datos sobre proveedores recurrentes del Estado para reconstruir el circuito de adjudicaciones.

La investigaci贸n se encuentra en etapa preliminar y, hasta el momento, no hay imputaciones formales. El objetivo es determinar si existieron delitos como fraude a la administraci贸n p煤blica, negociaciones incompatibles con la funci贸n p煤blica o asociaci贸n il铆cita en los procesos analizados.

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