La Argentina cerró 2025 en el último lugar del ranking de Inversión Extranjera Directa (IED) entre las principales economías de América Latina, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La paradoja es llamativa: el resultado negativo se produjo en un contexto en que el empresariado percibe el entorno de negocios como más favorable que en años anteriores.

Una brecha que habla por sí sola

Los números de la OCDE muestran la magnitud de la distancia: Brasil recibió USD 76.877 millones de inversión extranjera directa; México, USD 40.871 millones; Chile, USD 13.152 millones; Colombia, USD 11.462 millones; y Costa Rica, USD 5.733 millones. La Argentina, en cambio, captó apenas USD 3.134 millones netos, menos de la mitad que el quinto lugar y una fracción marginal frente al podio regional.

El dato es especialmente significativo porque ocurre en simultáneo con la vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema de beneficios tributarios y aduaneros que el Gobierno impulsó para atraer capitales. Las inversiones vinculadas a recursos naturales y energía que traccionó ese régimen no alcanzaron para generar un proceso amplio de atracción de capitales.

Por qué no alcanza con el RIGI

Entre los factores que explican el bajo desempeño inversor aparecen la caída del consumo y la demanda interna, la paralización de la obra pública, la escasez de crédito productivo, la apreciación cambiaria y la incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del esquema macroeconómico. A eso se suman las restricciones cambiarias que todavía pesan sobre las empresas, pese a los avances en la liberación del mercado de cambios, y una productividad local que sigue siendo limitada.

Los avances de la gestión en materia de superávit fiscal, reducción de la inflación, desregulación y mejora del balance del Banco Central apuntan en la dirección correcta, pero no resultaron suficientes para revertir la tendencia en el corto plazo. Las elecciones presidenciales de 2027 agregan otro factor de cautela: la incertidumbre sobre la continuidad del modelo económico puede generar comportamientos de "esperar y ver" entre los inversores.

El Gobierno responde con un "Súper RIGI"

En ese escenario, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para implementar un "Súper RIGI" -formalmente denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias-, orientado a atraer proyectos industriales, tecnológicos y de infraestructura digital que actualmente no se desarrollan en el país o lo hacen de forma experimental. El ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó como ejemplos la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

El nuevo esquema aplicará a inversiones superiores a USD 1.000 millones e incluye una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, deducción de quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades. El desafío, a la luz de los datos de 2025, es si una profundización de los incentivos alcanza para compensar los factores estructurales que frenan la llegada de capitales productivos.