El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este mediodía realizar una movilización el próximo miércoles frente al Congreso, donde se llevará a cabo el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Senadores.

 Durante la reunión llevada a cabo en la histórica sede de la calle Azopardo, la conducción de la central obrera analizó las propuestas para llevar adelante un plan de lucha. Si bien sectores del transporte y gremios industriales propusieron implementar un paro de actividades de 12 o 48 horas, finalmente se impuso la postura de realizar una movilización sin un paro general nacional. 

 Jorge Sola, integrante del triunvirato y referente del gremio de Seguros, explicó la decisión en conferencia de prensa. El dirigente sostuvo que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional "ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores",  y confirmó una protesta "multitudinaria y contundente" el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 15.  

"Tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores", agregó Sola.

Pese a no alcanzar un acuerdo mayoritario para convocar a un paro nacional, cada organización sindical fue facultada para establecer un cese de tareas, si así lo resuelven. De este modo, también se busca facilitar el traslado y la participación de los afiliados en la movilización al Congreso.

En la mesa de debate, el dirigente bancario Sergio Palazzo manifestó la necesidad de que esta movilización sea el punto de partida de un plan de lucha con intensidad en aumento. Según su planteo, el respaldo a la interrupción de actividades era fundamental para garantizar un volumen de asistencia importante en las calles.

En el encuentro también estuvieron presentes Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio); Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Osvaldo Lobato (UOM), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sebastián Maturano (La Fraternidad) y Horacio Calculli (aeronavegantes), entre otros.

Uno de los puntos de conflicto entre los dirigentes fue el posicionamiento de los mandatarios provinciales. Los gremialistas cuestionaron la falta de apertura al diálogo de varios gobernadores, quienes han mostrado señales de acompañamiento al proyecto oficialista y evitaron negociar con los sindicalistas.

La CGT busca introducir modificaciones en el texto antes de su votación definitiva. Aunque existe el consenso de que la norma será aprobada, el objetivo sindical es preservar las fuentes de financiamiento de las organizaciones y del sistema de seguridad social.

Trascendió que el Gobierno nacional podría aceptar cambios para evitar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales.  Específicamente, se analiza eliminar el artículo que reduce la contribución patronal del 6% al 5%, una medida que, según cálculos técnicos, representaría una pérdida anual de aproximadamente 700 millones de dólares.

Otro de los puntos en disputa que el oficialismo estaría dispuesto a revisar es la continuidad de las cuotas solidarias. Estos aportes, acordados en convenios colectivos por trabajadores no afiliados, son considerados vitales por los sindicatos para sostener su estructura administrativa y gremial frente a las restricciones de los aportes obligatorios.

Asimismo, el Ministerio de Economía habría diseñado una estrategia para postergar la reducción de impuestos a grandes empresas, como el Impuesto a las Ganancias, uno de los principales motivos de presión por parte de las provincias, que verían afectada su masa de recursos coparticipables en un monto estimado de un billón de pesos.