La Justicia investiga si el Gobierno direccion贸 licitaciones millonarias a favor de la mujer de Adorni
El fiscal Carlos Stornelli impuls贸 la acci贸n penal ante el juez Ariel Lijo para determinar si el Jefe de Gabinete benefici贸 a las empresas clientes de la consultora de su esposa. Bajo la lupa: contratos de tecnolog铆a y la concesi贸n de Tecn贸polis.
La Justicia Federal comenz贸 a cerrar el cerco sobre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una denuncia que advierte sobre posibles irregularidades en contrataciones del Estado. La investigaci贸n busca determinar si el Gobierno favoreci贸 a un entramado de empresas tecnol贸gicas que tendr铆an v铆nculos entre s铆 y que, adem谩s, mantendr铆an relaciones comerciales con la consultora de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.
La causa se encuentra en el juzgado de Ariel Lijo y cuenta con la intervenci贸n del fiscal Carlos Stornelli. El foco principal est谩 puesto en presuntos direccionamientos en licitaciones de servicios de mensajer铆a masiva y en la concesi贸n de predios p煤blicos. Se sospecha de una estructura dise帽ada para beneficiar a proveedores espec铆ficos mediante mecanismos que eludieron la libre competencia.
Licitaciones bajo sospecha y supuesta cartelizaci贸n
Uno de los puntos centrales de la pesquisa es una contrataci贸n del a帽o 2025 para servicios de SMS y correos masivos adjudicada a la firma ATX S.A. por una suma superior a los 3.650 millones de pesos. La denuncia sostiene que las tres compa帽铆as que participaron de la compulsa podr铆an haber simulado una competencia, ya que compartir铆an domicilios legales y v铆nculos entre sus directivos.
La Justicia intenta confirmar si existi贸 una "apariencia de pluralidad" para encubrir lo que en realidad ser铆a un mismo grupo empresario. A este escenario se suma la sospecha de sobreprecios, dado que el valor de los mensajes de texto en contratos similares habr铆a sufrido incrementos significativos en d贸lares, levantando alertas sobre los costos pagados por el Estado Nacional.
Los v铆nculos de la consultora familiar
El expediente judicial tambi茅n pone la lupa sobre la consultora +Be, propiedad de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Seg煤n la presentaci贸n de Pagano, esta firma privada tiene como clientes a importantes contratistas estatales. Entre ellos figuran el Grupo Foggia, vinculado a Tecn贸polis, y el Grupo Datco, proveedor recurrente de organismos como la AFIP, AySA y Aerol铆neas Argentinas.
Otro nexo que genera ruido en Comodoro Py es la relaci贸n con la naviera National Shipping S.A., contratista de YPF. La relevancia de este punto radica en que el propio Manuel Adorni fue designado director titular de la petrolera estatal a principios de 2026, lo que configurar铆a un potencial conflicto de intereses debido a los servicios que su entorno familiar presta a proveedores de dicha compa帽铆a.
El canon de Tecn贸polis en la mira
La investigaci贸n no se agota en el 谩rea tecnol贸gica. Tambi茅n se encuentra bajo estudio el proceso de concesi贸n del predio de Tecn贸polis por un periodo de 25 a帽os. Se trata de un negocio millonario gestionado por la Agencia de Administraci贸n de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende jer谩rquicamente de la Jefatura de Gabinete que conduce Adorni.
La denuncia apunta a una posible vinculaci贸n entre el funcionario y las empresas interesadas en el predio que, a su vez, ser铆an clientes de la consultora de su esposa. Por este motivo, la imputaci贸n inicial incluye delitos graves como fraude a la administraci贸n p煤blica, negociaciones incompatibles con la funci贸n p煤blica, abuso de autoridad y enriquecimiento il铆cito.
El avance de la fiscal铆a y las medidas de prueba
Ante la gravedad de los hechos denunciados, el fiscal Carlos Stornelli resolvi贸 impulsar la acci贸n penal y solicit贸 al juez Lijo una amplia recolecci贸n de pruebas. Entre los pedidos, se destacan los expedientes administrativos de 谩reas cr铆ticas de comunicaci贸n y los legajos de siete firmas tecnol贸gicas que habr铆an participado de los procesos cuestionados.
Stornelli busca reconstruir la "ruta de los proveedores" para identificar a los verdaderos beneficiarios de los fondos p煤blicos. Para ello, pidi贸 informes a la Inspecci贸n General de Justicia (IGJ) y a la Oficina Nacional de Contrataciones. El objetivo final es determinar si estas licitaciones cumplieron con los est谩ndares de transparencia o si se trataron de "ventanillas de negocios" dise帽adas para el beneficio personal de los involucrados.