La Justicia ratific贸 que el Gobierno tiene que ejecutar de inmediato la ley de financiamiento universitario
La C谩mara Contencioso Administrativo Federal ratific贸 una medida cautelar y calific贸 de "poco serios" los argumentos del Ejecutivo para frenar la norma. El fallo exige actualizar salarios docentes y programas de becas.
La Justicia volvi贸 a fallar en contra de la estrategia oficial de suspender el financiamiento a las universidades. La C谩mara Contencioso Administrativo Federal confirm贸 la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley 27.795, rechazando la apelaci贸n presentada por la Naci贸n.
Los jueces Sergio Fern谩ndez y Jorge Mor谩n fueron contundentes al desestimar los reclamos del Estado, asegurando que el impacto fiscal de la medida es bajo y que no afecta el inter茅s p煤blico. Por el contrario, advirtieron que lo que est谩 en juego es un derecho constitucional central: la educaci贸n superior p煤blica.
Qu茅 debe cumplir el Ejecutivo
El fallo exige la aplicaci贸n inmediata de los art铆culos 5 y 6 de la ley, lo que implica:
Actualizaci贸n salarial: Recomposici贸n para docentes y no docentes por el per铆odo comprendido entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025.
Becas estudiantiles: La recomposici贸n de todos los programas de ayuda para los alumnos.
La cautelar original hab铆a sido dictada por el juez Enrique Cormick tras un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el apoyo de m谩s de 40 universidades. En ese momento, la justicia ya hab铆a considerado "arbitrario e ilegal" el decreto que pretend铆a condicionar la ley a la existencia de recursos espec铆ficos.
Un conflicto que no da tregua
La decisi贸n judicial se da en un contexto de alt铆sima tensi贸n. Entre 2024 y 2025, el conflicto universitario marc贸 la agenda con movilizaciones masivas en todo el pa铆s. El lema "si hay veto, hay marcha" se convirti贸 en el emblema de las protestas del 17 de septiembre pasado, cuando la comunidad educativa sali贸 a las calles para defender la ley sancionada por el Congreso.
Pese a que la oposici贸n logr贸 sortear los vetos presidenciales, el Gobierno intent贸 frenar la ejecuci贸n mediante decretos, argumentando que la cuesti贸n presupuestaria es facultad exclusiva del Congreso. Sin embargo, la C谩mara desacredit贸 esta postura y prioriz贸 el deber jur铆dico de financiar el sistema educativo.
La estrategia oficial
Para intentar destrabar el frente judicial y legal, desde la Secretar铆a de Educaci贸n buscan ahora una salida pol铆tica. La intenci贸n del oficialismo es elaborar una nueva ley que modifique el esquema financiero actual sin derogarlo totalmente, intentando obtener un consenso en el Congreso que le otorgue "seguridad jur铆dica" a los recursos, mientras el conflicto sigue sumando cap铆tulos en los tribunales.