La Libertad Avanza junto a sus aliados consiguieron la mayoría para firmar el dictamen sobre el proyecto de Ley Hojarasca, que prevé eliminar leyes obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos y fueron aprobadas en los gobiernos militares y en las gestiones de presidentes constitucionales del siglo XX.

La iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados se debatió este miércoles a 15 horas en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Coto y Nadia Marquez.

Con la firma del despacho, esta iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados ya estará habilitada para su tratamiento en el recinto de sesiones dentro de siete días, pero es probable que recién se trate a mediados de julio, previo al receso invernal.

El despacho fue firmado por el oficialismo, el radicalismo, el PRO, Provincias Unidas, y bloques provinciales, mientras que Convicción Federal presentará un dictamen de minoría y lo mismo hará el peronismo.

Coto señaló que "este proyecto deroga normas obsoletas y que también es una forma de ampliar la libertad de los ciudadanos".

Por su parte, Marquez destacó que "la calidad institucional no consiste solamente en sancionar nuevas leyes. También implica revisar aquellas normas que han perdido sentido, vigencia o utilidad para los argentinos."

Asimismo, señaló: "La Ley Hojarasca es una herramienta para ordenar nuestro sistema normativo, reducir burocracia y avanzar hacia un Estado más eficiente. No se trata de quitar derechos, sino de eliminar regulaciones obsoletas que ya no cumplen ninguna función real".

Desde el peronismo, el senador Martin Soria señaló que esa es una tarea que lo debe hacer la Comisión Permante de Digesto Jurídico, que es la que "actualiza las normas y, si esas normas son obsoletas, las deroga".

Subrayó que "hay leyes que aún tienen vigencia y utilidad y se preguntó cuál es el objetivo real detrás de esta iniciativa. Soria agregó que el proyecto podría suprimir normas que garantizan la producción pública de medicamentos, dejando la salud supeditada a laboratorios privados y a la lógica del mercado".

Por su parte, la senadora de Convicción Carolina Moises, reivindicó la labor de la comisión bicameral y solicitó su puesta en funcionamiento y cuestionó "la derogación de la ley del teatro y de la ley de música argentina, y propuso que, en lugar de derogarlas, podrían actualizarse y/o integrarse a otros cuerpos normativos"

El proyecto deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o ya perdieron vigencia como los avances tecnológicos.

Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".

También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.