Es martes, el Gobierno oficializó la quita de la jubilación de privilegio que recibía el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou. Esta disposición se suma a lo ya hecho hace unos días atrás con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien se le sacó tanto la jubilación como la pensión de privilegio.

La medida fue confirmada esta madrugada mediante la publicación de la Resolución 1103/2024 en el Boletín Oficial de este martes. “Revócase el Beneficio Nro 47-0-0000057-0, del Registro Único de Beneficiarios (RUB) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), cuya titularidad detenta el señor Amado BOUDOU”, señala el documento.

 

 

La disposición, firmada por Mariano de los Heros, titular de Anses, destaca que la condena penal que pesa sobre el ex funcionario afecta el fundamento legal que respalda este tipo de beneficios. En ese sentido, recalca que el exvicepresidente no califica para percibir asignaciones de este tipo por haber sido hallado culpable de un delito contra la administración pública.

En tanto, entre los considerandos de la normativa, se señala que “un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las lógicas y razonables consecuencias que debe tener la comisión de esta clase delitos que atentan contra el sistema democrático […] justificó la medida adoptada”. Además, señala que la pérdida de estos privilegios tiene que ser un mensaje ejemplificador para la sociedad y para la clase política, sobre por la importancia de los valores éticos e institucionales en la función pública.

Por su parte, esta decisión se produce unos días después de que el Gobierno oficializara la baja de la jubilación y pensión de privilegio de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Tras este suceso, el Ejecutivo aclaró que esta medida alcanzaría a los exfuncionarios condenados por hechos de corrupción, como Boudou, quien en diciembre de 2020, recibió una condena de 5 años y 10 meses por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. 

Por último, la decisión del Gobierno, que se encuentra amparada en el artículo 29 de la Ley 24.018, asegura que las condenas judiciales representan “lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”. De este modo, resaltó que pretenden dar de baja todas las asignaciones de privilegio de exfuncionarios condenados por la Justicia.