Pensiones por invalidez: qu茅 cambia el proyecto oficial de reforma y por qu茅 el Gobierno apunta a la norma vigente
Desde el Ejecutivo sostienen que la Ley 27.793 gener贸 criterios confusos, controles d茅biles y un financiamiento sin definir que habilitaron irregularidades. El nuevo esquema propone auditor铆as cruzadas, reempadronamiento obligatorio y gesti贸n federal para reemplazar el r茅gimen de emergencia por un sistema permanente.
El Gobierno nacional present贸 un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones por invalidez. Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa no es una modificaci贸n puntual, sino una respuesta a los problemas estructurales que, seg煤n su diagn贸stico, introdujo la Ley 27.793 y que habr铆an facilitado las irregularidades detectadas en el sistema.
El problema de origen: criterios que se superpon铆an
Uno de los cambios m谩s relevantes que propone el proyecto tiene que ver con la definici贸n de a qui茅n le corresponde una pensi贸n por invalidez. Desde el Gobierno se帽alan que la Ley 27.793 incorpor贸 dos criterios distintos -el de invalidez laboral y el de discapacidad- cuya superposici贸n gener贸 confusi贸n, ya que la sola condici贸n de discapacidad no implica necesariamente una limitaci贸n para el empleo ni la necesidad de asistencia estatal.
El Ejecutivo argumenta que esa dualidad desdibuj贸 el objetivo original del beneficio. El proyecto elimina esa distinci贸n y vuelve a un 煤nico criterio verificable: imposibilidad de trabajar combinada con vulnerabilidad econ贸mica comprobable.
Controles que antes no exist铆an
Otro eje que el oficialismo resalta es la incorporaci贸n de un sistema estructurado de verificaci贸n continua, del que -seg煤n destacan desde el Ministerio de Salud- carec铆a la legislaci贸n anterior. El proyecto prev茅 auditor铆as peri贸dicas a prestadores, cruces de datos entre ANSES, ARCA y el SINTyS, reempadronamiento obligatorio de beneficiarios y suspensiones preventivas sujetas a revisi贸n.
Desde el Ejecutivo consideran que estas herramientas permitir谩n detectar irregularidades de forma sistem谩tica, algo que con el esquema vigente depend铆a de controles fragmentados y sin continuidad.
Financiamiento definido y aranceles con piso garantizado
El proyecto tambi茅n busca resolver lo que el Gobierno identifica como una de las zonas m谩s grises de la ley vigente: el financiamiento. El Ejecutivo se帽ala que la Ley 27.793 no establec铆a con claridad c贸mo se sosten铆a el sistema ni cu谩l era su impacto fiscal. La nueva iniciativa define las partidas presupuestarias y establece que el financiamiento estar谩 a cargo del Ministerio de Salud, con posibilidad de recurrir al Tesoro en casos excepcionales.
En materia de aranceles, desde el oficialismo destacan un cambio de enfoque: en lugar de fijar valores, el nomenclador pasar谩 a garantizar un piso m铆nimo prestacional com煤n. Los valores concretos ser谩n acordados entre financiadores y prestadores tomando como referencia costos operativos, complejidad de la prestaci贸n y regi贸n geogr谩fica. Cuando el obligado sea el Estado Nacional, los aranceles ser谩n determinados en forma trimestral por la SENADIS a propuesta de su Directorio.
Gesti贸n federal y fin del r茅gimen de emergencia
El Ejecutivo tambi茅n resalta el componente de federalizaci贸n que la normativa actual no contempla. La reforma habilitar铆a la gesti贸n provincial a trav茅s de convenios y esquemas de financiamiento seg煤n competencias, con el objetivo de acercar la administraci贸n del sistema a cada territorio.
Desde el Gobierno subrayan que el punto m谩s significativo desde lo institucional es el cambio de naturaleza normativa: la Ley 27.793 naci贸 como una norma de emergencia con reglas excepcionales. El proyecto busca reemplazarla por un sistema permanente, con controles sostenidos en el tiempo y una arquitectura que no dependa de la excepci贸n para funcionar.