Por el posteo de Iñaki Gutiérrez, el Gobierno tuvo que bajar un capÃtulo de un proyecto de ley
La iniciativa de Federico Sturzenegger sobre inviolabilidad de la propiedad privada incluÃa un articulado que habilitaba el desalojo masivo en barrios populares. La Iglesia lo rechazó, los votos no estaban y el comunicador libertario ya habÃa adelantado el plan.
El Gobierno nacional decidió retirar el capÃtulo más polémico de su proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", que eliminaba la suspensión de desalojos en todos los casos y establecÃa un juicio sumarÃsimo para expulsar rápidamente a quienes ocupen viviendas o terrenos. La marcha atrás llegó tras el rechazo de la Iglesia Católica, la falta de votos en el Senado y, sobre todo, después de que el comunicador libertario Iñaki Gutiérrez anticipara públicamente el alcance real de la medida: "Se terminaron las villas en toda la Argentina".
La iniciativa, que tiene como mentor al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habÃa generado alarma inmediata en organizaciones sociales y religiosas, que la interpretaron como un intento encubierto de erradicar los más de 6.400 barrios populares del paÃs donde viven cinco millones de personas.
Según pudo saber ClarÃn, el Gobierno verificó que no contaba con los votos necesarios en el Senado para sostener ese articulado: la resistencia no provenÃa solo de la oposición dura, sino también de bloques que habitualmente acompañan al oficialismo. La Casa Rosada optó entonces por preservar el resto del proyecto sacrificando la parte más conflictiva.
Qué decÃa el capÃtulo eliminado
El articulado retirado suspendÃa las protecciones vigentes contra los desalojos, aceleraba la restitución de viviendas y terrenos y creaba un procedimiento sumarÃsimo para desalojar a quienes no paguen alquiler, vivan en una casa tomada u ocupen un terreno. Esas disposiciones chocaban directamente con la ley 27.453, aprobada por unanimidad en 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri y modificada también casi por unanimidad en 2022, que declara de interés público la integración urbana y suspende los desalojos para facilitar la regularización dominical de los barrios populares.
La advertencia de la Iglesia
El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, expuso ante un plenario de comisiones del Senado que la ley vigente "no va contra la propiedad privada, sino a favor de que todos tengan su casa" y preguntó sin rodeos: "¿Dónde vamos a poner a cinco millones de personas, más de la mitad menores, si son desalojados?".
Desde la Iglesia remarcaron que la gran mayorÃa de los barrios populares se conformaron hace más de 20 años como consecuencia del déficit estructural de acceso a la tierra y la vivienda, y que la ley actual habÃa generado resultados concretos: casi 870.000 certificados de vivienda familiar entregados en todo el paÃs y más de 1.200 proyectos de obra en las 24 jurisdicciones.
El posteo que lo dijo todo
El detonante comunicacional fue Iñaki Gutiérrez, identificado como vocero del entorno libertario, quien difundió en redes sociales una caracterización del proyecto que el propio Gobierno no habÃa hecho oficial: "Se terminaron las villas en toda la Argentina. No se permite más la toma de tierras y se activa de forma inmediata un protocolo de desalojo para todas las tierras tomadas".
La declaración encendió las alarmas y aceleró la reacción de la Iglesia, las ONGs y los bloques legislativos que hasta entonces negociaban en silencio.
El Gobierno mantiene el resto de la iniciativa, que incluye medidas para agilizar desalojos en otros supuestos, modificaciones al régimen de expropiaciones, reducción de restricciones para la compra de tierras rurales por extranjeros y cambios en la ley de manejo del fuego. El capÃtulo referido a los barrios populares quedó, por ahora, fuera del texto.