Sergio Schoklender revel贸 un presunto armado de causas contra el PRO financiado por el Estado
El ex apoderado de la Fundaci贸n Madres de Plaza de Mayo apunt贸 contra An铆bal Fern谩ndez y el abogado Eduardo Barcesat.
El exapoderado de la Fundaci贸n Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, ampli贸 este mi茅rcoles su declaraci贸n indagatoria en el marco del juicio oral por la causa Sue帽os Compartidos.
Durante su exposici贸n ante el Tribunal Oral Federal 5, el imputado afirm贸 que el exministro An铆bal Fern谩ndez financi贸 de forma fija a un abogado a trav茅s de un centro de investigaci贸n de la entidad con el 煤nico prop贸sito de inventar denuncias permanentes contra el PRO.
Subsidios y denuncias en la Universidad de las Madres
De acuerdo con el testimonio brindado en la audiencia, el constitucionalista Eduardo Barcesat habr铆a convencido a Hebe de Bonafini para articular el mecanismo."Se arm贸 un centro de investigaci贸n dentro de la universidad (de las Madres de Plaza de Mayo), que recib铆a un subsidio de An铆bal Fern谩ndez que iba directo a Barcesat, que ten铆a solamente la funci贸n de hacer nuevas denuncias contra alg煤n funcionario del PRO", detall贸 Sergio Schoklender al describir las formas de financiamiento.
El exapoderado especific贸 que esos fondos estatales constitu铆an "un subsidio fijo". Los registros oficiales indican que en el a帽o 2008, mientras An铆bal Fern谩ndez ejerc铆a el cargo de ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Naci贸n, Eduardo Barcesat fue nombrado profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.
Fondos internacionales y desv铆os bajo investigaci贸n
En su declaraci贸n, el acusado enumer贸 otras v铆as de ingresos econ贸micos que manten铆an la estructura de la organizaci贸n.
Adem谩s de mencionar transferencias provenientes del Ministerio de Trabajo destinadas a los sueldos y aportes de actores, record贸 un financiamiento externo particular: "De Ch谩vez s铆 tuvimos aportes... Huguito. Alguno se perdi贸 en el camino".
El debate oral y p煤blico busca determinar las responsabilidades penales por una presunta administraci贸n fraudulenta cometida entre marzo de 2008 y junio de 2011.
La fiscal铆a investiga el destino de 748 millones de pesos otorgados por el gobierno de Cristina Kirchner para la construcci贸n de viviendas sociales a trav茅s del programa Sue帽os Compartidos, de los cuales se sospecha que unos 206 millones de pesos fueron desviados hacia otros fines.