Manuel Adorni presentó su renuncia indeclinable a la Jefatura de Gabinete acorralado por tres meses de escándalo en torno a su patrimonio, sin una autocrítica en su carta de despedida y con un último cartucho dedicado a cargar contra la prensa. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", escribió, en un texto que ratificó su inocencia pero no ofreció explicaciones sobre ninguno de los puntos que lo llevaron a esa situación.

De vocero estrella a funcionario investigado

El affaire estalló el 8 de marzo, cuando trascendió que su esposa, Bettina Angeletti, había viajado a Nueva York en el avión presidencial. A partir de ahí, la lista de revelaciones no paró de crecer: unas vacaciones en Punta del Este en un vuelo privado contratado por el periodista Marcelo Grandío -cuya productora mantiene contratos con la Televisión Pública-, una casa no declarada en el country Indio Cua y la compra y reforma de un departamento en Caballito. A esto se sumó el reconocimiento de que había omitido declarar USD 500.000 obtenidos con inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018, lo que terminó de blanquear un incremento patrimonial superior al 400% en términos reales desde su llegada a la función pública.

El desgaste fue tal que, semanas antes de su salida, el Ejecutivo ya le había quitado el área de comunicación, y la oposición -con el PRO sumado a la jugada- avanzaba con una moción de censura en el Congreso, que finalmente quedó sin efecto tras su renuncia. El propio Javier Milei, que lo había sostenido públicamente durante meses, llegó a advertir desde España que si la Justicia confirmaba los escándalos lo echaría "de una patada". Adorni terminó yéndose también del directorio de YPF, donde había sido designado en enero.

Qué cambia y qué no cambia con la renuncia

Ahora bien, más allá del golpe político que significó para el Gobierno, el impacto jurídico de la renuncia es mucho más limitado de lo que suele suponerse. Dejar el cargo no implica el cierre automático de ninguna investigación penal, ni suspende expedientes en trámite, ni constituye una forma de inmunidad frente a la Justicia: todas las causas continúan exactamente en el mismo estado procesal en el que se encontraban antes de la dimisión.

Uno de los errores más frecuentes consiste en creer que todos los funcionarios nacionales poseen fueros. No es así. La inmunidad de arresto prevista por el artículo 69 de la Constitución Nacional protege únicamente a diputados y senadores mientras dura su mandato. Ministros, secretarios de Estado y el Jefe de Gabinete no cuentan con ese privilegio, por lo que Adorni, aun en funciones, podía ser investigado o citado por un juez sin necesidad de desafuero. Su renuncia, entonces, no le hace perder ninguna protección especial porque nunca la tuvo.

Las causas que siguen su curso

Enriquecimiento ilícito: la causa principal, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, busca determinar si existió un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados. El delito, previsto en el artículo 268 del Código Penal, requiere acreditar una diferencia patrimonial injustificada.Dádivas: originada en el viaje a Punta del Este, investiga si Adorni pagó realmente "su proporcional" del vuelo, como aseguró públicamente, algo que contradicen las declaraciones del piloto y de su propia secretaria.Activos en criptomonedas: analiza si la omisión de los USD 500.000 respondió a un error administrativo o a una conducta deliberada de ocultamiento.

Uso del avión presidencial: esta causa, que investigaba si el viaje de Bettina Angeletti a Nueva York en el avión oficial configuraba malversación de caudales públicos, ya fue archivada. El juez Daniel Rafecas decidió el cierre en abril, luego de que la fiscalía sostuviera que no hubo delito: se determinó que Angeletti viajó como invitada sin cargo oficial, que no se liquidaron viáticos a su nombre y que el uso de la aeronave se enmarcó en la discrecionalidad presidencial para una misión oficial autorizada. 

¿Puede terminar preso?

La respuesta corta es no, al menos no por el solo hecho de haber renunciado. En el sistema penal argentino nadie puede ser privado de la libertad simplemente por dejar un cargo público. Para eso, la Justicia debería reunir evidencia suficiente, convocarlo a indagatoria y eventualmente dictar un procesamiento. Incluso ahí, la prisión preventiva es una medida excepcional que solo procede ante riesgos concretos de fuga o entorpecimiento de la investigación. Una condena firme recién llegaría después de un juicio oral, con todas las garantías del debido proceso.

Lo que sí cambia con la salida del poder es la capacidad institucional de Adorni: ya no tiene acceso a organismos estatales ni estructuras administrativas que antes manejaba, un factor que jueces y fiscales suelen ponderar al evaluar el riesgo de interferencia en una causa.

Con Diego Santilli ya jurado como nuevo jefe de Gabinete, la crisis política encontró su cierre institucional. La judicial, en cambio, recién empieza una nueva etapa.