La publicación de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación derogó un total de 16 regulaciones que regían sobre el comercio y la producción, y obligaban a las empresas a cumplir con mecanismos de protección para los consumidores. 

A través de esta reforma, el Gobierno retiró el control estatal en sectores clave de la economía, argumentando que las herramientas de fiscalización vigentes eran "obsoletas". Las mismas habían sido implementadas entre 2006 y 2025.

Una por una, todas las derogaciones que implementó el Gobierno

La medida traslada la facultad de fijación de condiciones comerciales exclusivamente al sector privado, eliminando los topes y marcos de referencia que limitaban las decisiones corporativas. A continuación, cada una de las normativas modificadas.

- Cuotas de colegios privados sin autorización estatal: una de las modificaciones con mayor impacto en la economía familiar es la eliminación de la normativa que obligaba a las instituciones educativas privadas a solicitar una autorización estatal previa antes de aplicar incrementos en sus aranceles. 

A partir de este cambio, los colegios quedan facultados para actualizar el valor de sus cuotas mensuales sin requerir el aval de los organismos públicos de control. 

- Fin al control de precios: el paquete de medidas deroga de forma definitiva las resoluciones que regulaban el control de precios de determinados productos en el mercado. Estos instrumentos, utilizados de manera recurrente durante las últimas dos décadas para contener el valor de la canasta básica, dejan de tener vigencia para los canales de distribución mayorista y minorista. 

En sintonía con este último punto, quedaron sin efecto las disposiciones vinculadas a los requisitos de información para la comercialización de bienes. Este mecanismo obligaba a las empresas de consumo masivo a presentar ante el Estado sus listas de precios vigentes, márgenes de ganancia y proyecciones de costos, una exigencia que el Gobierno consideraba un exceso burocrático. 

- Quita de subsidios al trigo y programas de consumo: la resolución elimina las normativas ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA). Este fideicomiso público se encargaba de subsidiar la bolsa de harina de trigo industrial que recibían las panaderías, con el objetivo de desacoplar el precio del pan de las fluctuaciones del mercado internacional de granos. 

Asimismo, la reforma da de baja programas estatales de fomento al consumo. Estas herramientas, destinadas a incentivar la demanda mediante tasas de interés subsidiadas y plazos de financiamiento regulados para la adquisición de bienes durables y servicios, quedan discontinuadas. 

- Apertura comercial y eliminación de licencias de importación: la resolución publicada este martes suprime los procedimientos de autorización para la importación de mercancías. Estos trámites operaban como regulaciones no arancelarias y auditorías previas que el Estado aplicaba para coordinar el ingreso de productos importados, proteger el empleo de la industria nacional y administrar las reservas de divisas. 

El Gobierno fundamentó la decisión señalando que, al haber sido dictados al amparo de marcos jurídicos previos, estos regímenes "han perdido su objeto y aplicabilidad", facilitando el libre intercambio de bienes con el mercado internacional. 

En el documento, el Gobierno justificó el alcance de la quita de controles advirtiendo que "la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes". 

El texto de la Secretaría de Comercio añade que la acumulación de resoluciones "trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida". 

Bajo esta premisa, señalaron que la medida busca "ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales".