Las denuncias por violencia obstétrica en Argentina no finalizan en ningún tipo de justicia para las víctimas, ya que el marco normativo no prevé penas para quienes cometan este tipo de vulneraciones. Pero como toda lucha sostenida por la obtención de derechos, siempre existe un caso que marca un antes y un después. Esta vez, se trata de una psicóloga argentina, quien decidió realizar un pedido de reparación por un caso de violencia obstétrica ante el Comité CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Esta es la primera vez que una denuncia local de esta índole llega a ese organismo. La petición -técnicamente denominada comunicación- fue solicitada por la Asociación Civil Las Casildas, en conjunto con el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación, a causa de la imposibilidad de acceder a justicia por parte de la víctima, tras agotar todas las instancias existentes en el país.

 

"Nunca me explicaron lo que hicieron antes y durante el parto"

La denunciante, cuya identidad fue preservada, explicó a los medios que decidió recurrir a instancias internacionales porque cuando comenzó a investigar si otras embarazadas habían sido violentadas, se conmovió e impactó "por las cantidad de casos".

"Me indigné, no puede ser esta impunidad. Me da fuerzas que pueda haber una reparación, que lo que me pasó, movilice algo para cambiar la situación", reveló la mujer.

Su relato no dista de lo que le sucede en muchos otros partos, ella atravesó su embarazo con normalidad, llevando a cabo los controles correspondientes, sin embargo, en febrero de 2018, se vio expuesta a un nivel de violencia en un sanatorio privado de la ciudad de Buenos Aires, al que ninguna gestante debería ser víctima.

"La partera, a quien yo había visto de paso alguna vez, me puso una línea, se me inflamó la mano, me quedó un hematoma. Después vino con un palito, intentando romper la bolsa. Me hizo tacto varias veces y me llevó a la sala de parto, donde no dejaron entrar a mi compañero", afirmó la denunciante.

Luego, "la partera hizo fuerza con sus antebrazos sobre mi panza, como intentando bajar al bebé. Grité. Mi compañero estaba paralizado, y ella le decía: La tengo que ayudar porque no sabe hacer fuerza", recordó.

"Me da fuerzas que pueda haber una reparación, que lo que me pasó, movilice algo para cambiar la situación"

El movimiento, conocido como la Maniobra de Kristeller, consiste en ejercer presión sobre el abdomen de la mujer con el supuesto fin de facilitar la salida del feto. Pero no cuenta con evidencia que avale su necesidad, es más, "puede ser perjudicial tanto para el útero como para el periné y el feto", según la Guía para la Atención del Parto Normal en Maternidades, del Ministerio de Salud.

Cinco días después del parto, la madre recibió la noticia de que su bebé tenía fractura en la clavícula. Ella siguió con dolores intensos durante un año, para luego constatar que sufrió una fractura en la rama pélvica y por ese diagnóstico tardío generó una trocanteritis, la inflamación de la parte lateral de la cadera.

"Mi vida se fue acotando por las secuelas. No salía, me costaba dar de mamar, agacharme, sostener a mi bebé. No pude trabajar. Me separé", confesó la denunciante, quien todavía espera obtener justicia.

Previo a la presentación internacional, la mujer hizo la denuncia ante la Consavig (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género).

"Allí me derivaron al Inadi, pero no pasó nada. También a la Defensoría del Pueblo de la Nación y me derivaron al Ministerio Publico Fiscal. El sanatorio presentó un equipo de abogados que negaron todo. Yo no tenía abogado, a pesar de buscar, ni plata para pagar uno", relató la víctima.

Ahora, es el turno de la justicia internacional, donde ya existe un precedente en este tipo de denuncias. Este año, la ONU emitió una condena por violencia obstétrica contra España por un caso similar.

J.G.