A tres décadas del atentado más horroroso de la historia argentina, la Justicia todavía no pudo determinar quiénes fueron los autores materiales del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El estallido de un coche bomba en la puerta del edificio dejó un saldo de 85 muertos, alrededor de 300 heridos y una cicatriz que todavía perdura en la memoria de todos los argentinos, sin distinción de credos.

La explosión ocurrida a las 9.53 de aquel lunes 18 de julio de 1994 provocó el derrumbe del edificio de la calle Pasteur 633, en el barrio de Once, y su onda expansiva se sintió en varias cuadras a la redonda. Los equipos de rescate debieron trabajar varios días para tratar de encontrar sobrevivientes y luego, ya sin esperanzas, rescatar los cuerpos de las víctimas. Empleados, visitantes del lugar e incluso transeúntes terminaron engrosando el luctuoso listado.

 

Para entonces la sociedad argentina todavía se reponía de un hecho similar ocurrido dos años antes en la sede de la Embajada de Israel, en el barrio porteño de Retiro. En aquel atentado cometido el 17 de marzo de 1992 murieron 29 personas. El edificio de la AMIA, además, tenía un valor incalculable para la colectividad judía en la Argentina: allí se atesoraban libros, documentos y esculturas que constituían una parte importante del acervo cultural de esa comunidad.

De las tareas de rescate participaron bomberos, fuerzas de seguridad y cientos de voluntarios. También llegaron cuerpos especiales enviados por el gobierno de Israel para colaborar en la tarea. El cercano Hospital de Clínicas fue el lugar adonde fue trasladada la mayoría de los sobrevivientes. Algunos de los heridos pasaron varias horas debajo de los escombros. Otros no pudieron sobrevivir a las lesiones internas y fallecieron días después. Uno de ellos, Augusto Daniel Jesús, recién pudo ser identificado dos décadas después gracias a un estudio de ADN.

Hipótesis

Los indicios apuntaron al gobierno de Irán y al partido Hezbollah, como responsables de la planificación y ejecución, respectivamente, quienes habrían buscado objetivos vinculados a la comunidad judía en represalia de operaciones israelíes ejecutadas contra sectores chiitas en el Líbano. Eran tiempos del gobierno de Carlos Menem, que en su alineamiento automático con los deseos de Estados Unidos había dispuesto el envío de tropas argentinas al Golfo Pérsico.

Otra de las hipótesis que manejó la Justicia fue que Argentina resultó elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. De una u otra manera, ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés fueron imputados y se libraron órdenes de captura para Interpol.

 

En 2013, el canciller Héctor Timerman firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno de Irán, que incluía la creación de una Comisión de la Verdad con el objetivo de “avanzar en la investigación del atentado”. Sin embargo, el tratado, que despertó polémicas, no se pudo poner en práctica. Además, el pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal: el ya fallecido juez Claudio Bonadio procesó a Timerman (quien murió estando en prisión domiciliaria) y a la ex presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento.

Familiares y amigos de las víctimas, por su parte, formaron grupos con el fin de seguir la investigación judicial, preservar la memoria y presentarse como querellantes en las causas judiciales.

Los juicios

En las tres décadas transcurridas se llevaron a cabo dos juicios orales que terminaron en sobreseimientos para todos los acusados. El primero, en 2004, culminó con la libertad de 22 integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que eran sospechados de haber formado parte de la “conexión local” que había facilitado los medios a los terroristas para cometer el atentado.

El segundo juicio terminó con la libertad de Carlos Telleldín, el acusado de haber acondicionado y entregado a los atacantes un vehículo utilitario (una camioneta Trafic) que albergó los explosivos y fue utilizado para cometer el atentado. En diciembre de 2020, Telleldín fue absuelto de culpa y cargo.

 

Los que sí resultaron condenados fueron los funcionarios judiciales que, según el juicio, habían pagado a Telleldín 400.000 dólares para involucrar a los policías bonaerenses y de paso desviar la llamada “pista siria”, que sostenía que el gobierno de ese país estaba involucrado en el atentado. En mayo de 2019 fueron condenados el ex juez Juan José Galeano; Hugo Anzorreguy, ex secretario de la SIDE; Telleldín; el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar; el ex comisario Carlos Castañeda; los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y Ana María Boragni, ex pareja de Telleldín, a penas de entre dos y seis años de prisión. El fallo no está firme y aún debe ser revisado por Casación.

En 2005, el ex presidente Néstor Kirchner firmó un decreto en el que reconoció la responsabilidad del Estado argentino por no esclarecer el atentado. Paralelamente se creó una fiscalía destinada exclusivamente a revisar el caso, que quedó a cargo de Alberto Nisman. En 2015 el funcionario fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la sien, pocas horas antes de una audiencia en el Congreso en la que iba a acusar públicamente a Cristina Kirchner por encubrimiento. El hecho despertó una conmoción política y pese a las sospechas de asesinato, no se encontró ninguna prueba que avalara esa hipótesis: todo apuntó a un suicidio.