Nueve de cada diez inquilinos que residen en hoteles pensión, conventillos y barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están por debajo de la línea de pobreza, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) difundido en las últimas horas. El estudio también reveló que un 46,3% de ellos se ubica por debajo del umbral de la indigencia. 

Además, se detectó que un 72,5% de los hogares encuestados incluyen entre sus ingresos la percepción de subsidios y asignaciones sociales, y un 35,6% afirmaron recibir bolsones de mercaderías. 

En tanto, el informe señala que el 30% de los hogares inquilinos en barrios populares destinan más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler.

Se trata de una tendencia, según el relevamiento, que se profundiza según el género del principal sostén del hogar: el 38% de los hogares de jefatura femenina destinan la mitad de los ingresos al alquiler, contra el 21% de los de jefatura masculina. 

En la Ciudad de Buenos Aires, el 22,7% manifestó que percibe el subsidio habitacional, siendo una práctica menos utilizada en los conventillos (13,3%) que en los hoteles (26,2%).

La mitad de estos casos realizó un amparo judicial para obtenerlo, tanto por la negación en una primera instancia como para poder obtener un monto adecuado al valor de lo que pagan. El 72% de quienes perciben el subsidio admitió que el monto es insuficiente para el pago del alquiler de la pieza. 

El estudio se desarrolló a través de encuestas presenciales realizadas a personas inquilinas de villas y asentamientos de CABA y el GBA y a personas inquilinas que residen en inquilinatos, hoteles familiares o pensiones de CABA. Este proyecto se desarrolla en el marco de la Red Contested Territories, con el objetivo de poder conocer y comparar a nivel internacional la realidad de los hogares inquilinos en diversas ciudades, y representa una continuidad de los relevamientos previos realizados por el CELS y la EIDAES en 2020 y 2021.

El análisis fue realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR/CONICET), la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES) y el Instituto de Geografía de la UBA.

En la Argentina hay al menos 6.467 villas y asentamientos, lo que conocemos como barrios populares. Abarcan una superficie total de 684 kilómetros cuadrados y ahí viven aproximadamente 1.2 millones de familias, es decir, entre 4 y 5 millones de personas. Estos son los datos más recientes del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Según el decreto 358/17 se consideran barrios populares “aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso formal a al menos dos de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”.

Para el RENABAP se consideran tres tipos de barrios populares: villas, asentamientos y conjuntos habitacionales unifamiliares compuestos por viviendas particulares ubicadas en lotes individuales, las cuales fueron constituidas en programas estatales y no cuentan con regularidad dominial ni acceso a dos servicios básicos (como agua, electricidad o cloacas).

Esto excluye del registro a otras unidades deficitarias, como barrios que, aunque no cuentan con regularidad dominial, sí tienen acceso a dos servicios o viceversa. Tampoco se incluyen viviendas colectivas populares como conventillos o edificios ocupados.