El Gobierno nacional dio un nuevo paso hacia la desregulación de la tenencia de armas de fuego en la Argentina. Desde el martes pasado, los legítimos usuarios y las entidades de tiro pueden adquirir o poseer fusiles y subametralladoras semiautomáticas. Sobre esta modificación alertaron ONGs dedicadas a la prevención y a favor del desarme. En la otra vereda, las armerías apoyaron la medida.

A través del Boletín Oficial, el Ejecutivo habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional, un permiso que hasta el momento estaba prohibido por ley. Con esta medida se autoriza una mayor circulación de armas en el país y de mayor calibre, escenario que encendió las alarmas de distintas asociaciones que promueven el desarme y un acceso restringido a estos artefactos.

Se estima que existen 4 millones de armas tan solo en el mercado ilegal, lo que se traduce en episodios violentos que concluyen en la escalofriante cifra de entre 7 y 8 muertes diarias por el uso de armas de fuego en Argentina, según el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales).

De acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación, el 44% de las muertes por armas de fuego responde a agresiones, lo que incluye no sólo conflictos intrafamiliares sino también la violencia explícita de robos, asaltos, etc.

A partir de la medida implementada por el Gobierno, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.

Con esta modificación, el RENAR será el ente encargado de la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429. 

Entre los requerimientos para acceder a estas armas, se exigen identificaciones precisas del artefacto, declaraciones juradas y documentación probatoria; abonar la tasa correspondiente, equivalente a la “Tenencia Exprés” y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).

El ciudadano que desee adquirir un arma semiautomática deberá acreditar usos deportivos comprobados, mediante certificaciones de entidades de tiro o participación en competencias oficiales; no poseer antecedentes sancionatorios ni trámites pendientes ante el RENAR y tener una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.

Javier Milei manifestó en reiteradas ocasiones durante los últimos años -incluso antes de asumir la presidencia- su apoyo a la libre tenencia de armas de fuego, tal como ocurre en países como los Estados Unidos, donde la alta circulación de armas se ha convertido en uno de los principales motores de la violencia y la inseguridad. Sin embargo, para el Presidente, "aquellos Estados que tienen libre portación de armas tienen muchos menos delitos”.

Lo cierto es que desde su llegada a Casa Rosada, y el posterior nombramiento de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el Ejecutivo impulsó una serie de medidas que suavizan los requisitos de acceso y facilitan la compra de casi todo tipo de armas a un sector cada vez más amplio de la sociedad.

Después de bajar la edad de acceso a los 18 años y facilitar los trámites para poseer armas, el Gobierno derogó la prohibición para los civiles de adquirir fusiles, carabinas o subametralladoras y esta podría no ser la última medida a favor de la desregulación del mercado.

Desde las armerías apoyaron la modificación y ya trabajan en expandir sus catálogos con una mayor oferta en cuanto a calibre se refiere. El dueño de uno de estos comercios ubicado en el microcentro porteño habló con Crónica y, aunque no quiso dar su nombre, reconoció que la nueva normativa ayuda a promover las ventas en un rubro que “desde este año, mejoró bastante”, según el hombre.

“A nosotros nos sirve que bajen la edad para adquirir armas de distintos calibres o que eliminen algunos requisitos para portar, porque eso nos trae más clientes. Somos muy rigurosos con el cumplimiento de lo que pide el RENAR, pero no puedo hablar por todas las armerías del país”, asegura el comerciante.

En mayo de este año, el Gobierno eliminó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y restableció el Registro Nacional de Armas (RENAR) bajo el Ministerio de Seguridad, perdiendo autarquía y centralizando funciones de control de armas. Organizaciones especializadas advirtieron en ese entonces que esta y otras medidas, como la “tenencia exprés” debilita la prevención.

Desde la Red Argentina para el Desarme (RAD), conformada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relativos a la problemática de las armas de fuego y la prevención de la violencia armada, advirtieron sobre el impacto de aquel decreto. Uno de sus referentes, el ya fallecido Adrian Marcenac aseguró en aquel entonces que se trataba de “un retroceso de 50 años”. 

“Al viejo RENAR, uno iba con los papeles, registraba el arma y se iba. La ANMAC que se creó en 2015 le daba facultades de impulsar políticas de prevención de la violencia armada, que es la más importante de las tres políticas con la que se asocia el problema de las armas de fuego”, explicó Marcenac, y agregó: “Se había hecho una política tan buena que el plan de desarme argentino fue elegido el mejor del mundo en 2013. Fueron más de 80 mil armas de fuego”.

Con respecto al camino que estaba tomando el Gobierno con respecto a la desregulación del mercado de armas, el representante de la ONG fue claro: “Están queriendo imitar a la política de (Donald) Trump”.