A siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la causa que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini tuvo hasta ahora un solo procesado. Se trata del técnico informático Diego Lagomarsino, considerado "partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas". La investigación contó, en los últimos meses, con las declaraciones testimoniales de unos treinta agentes que trabajaban en la ex SIDE cuando el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA apareció sin vida en su departamento de Puerto Madero.

Lagomarsino fue procesado el 26 de diciembre de 2017, a través de una figura por la que podría pasar el resto de su vida en la cárcel. De todos modos, Ercolini no dictó su prisión preventiva, sino que dispuso su monitoreo con una tobillera electrónica, la cual ordenó -en octubre pasado- que le fuera retirada. Todos los meses, el técnico informático debe reportarse ante el juzgado para confirmar que sigue "a derecho".

El nombre de Lagomarsino dominó este caso desde los primeros momentos. Esto se debe a que trabajaba en la fiscalía de Nisman desde 2007 y que fue quien le entregó la pistola Bersa 22 que terminó con la vida del funcionario judicial. Según declaró el técnico informático ante la fiscal Viviana Fein, que estuvo al frente de la causa en un principio, Nisman lo llamó el sábado 17 de enero de 2015 y le pidió prestada el arma.

"Me dijo que era por seguridad. Que el día anterior lo había llamado (el espía Jaime) Stiusso y le dijo que se cuidara de la custodia y que, además, tuviera precaución con la seguridad de su hija", contó Lagomarsino, que aquel sábado estuvo dos veces en el edificio Le Parc, en Puerto Madero.

En la instrucción del expediente todavía no se determinó quiénes fueron los autores materiales del presunto crimen de Nisman, que días antes había presentado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno, por el presunto encubrimiento de los acusados iraníes por la voladura de la AMIA en 1994. Al principio, la junta médica que analizó el caso -integrada por diez peritos del Cuerpo Médico Forense, dos de la Policía Federal, uno de la defensa de Lagomarsino y dos por la querella- concluyó que no había indicios para sostener la hipótesis del homicidio.

Sin embargo, la investigación dio un giro brusco en abril de 2016, cuando la causa fue mudada a Comodoro Py y, tras el sorteo, recayó en el juez federal Ercolini y el fiscal federal Eduado Taiano, que se hizo cargo de la investigación.

Un nuevo peritaje, realizado por a Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, contradijo el informe anterior y sostuvo que Nisman había sido asesinado. Los presuntos responsables aún no fueron identificados.

También resta que la Justicia lleve a cabo una serie de peritajes sobre entrecruzamientos telefónicos en las horas previas y posteriores al hallazgo del cadáver, por una llamativa intensificación de comunicaciones entre espías, funcionarios y fuerzas de seguridad, que directa o indirectamente podían relacionarse con Nisman.