La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) difundió que tras tres meses de investigación, se llevó a cabo en el puerto de Campana, el mayor decomiso de granos en la historia del organismo. Es que en tan solo un procedimiento, realizado a través de la Dirección General Impositiva (DGI), lograron el secuestro de más de 8.100 toneladas de maíz.  

Estos granos, que equivalen aproximadamente a 300 cargamentos de camión, se encontraban almacenados en un depósito del mencionado puerto y tenían como destino Uruguay, a donde llegaría gracias al transporte a través de barcazas.

Según los primeros datos aportados a la prensa desde el ente recaudador, el total del decomiso tiene un valor de mercado actual que supera los $160 millones. Ante esto, estiman una evasión impositiva que supera los $65 millones.

“La investigación comenzó tres meses atrás cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta. La primera medida que tomó la DGI-AFIP fue la interdicción de los granos para investigar el origen de las 8.100 toneladas de maíz”, explicaron.

Cuando los investigadores detectaron a los productores y controlaron la documentación que presentaron, notaron que habían sido inscriptos recientemente en los registros y que de ningún modo podían justificar el caudal de cereal ya que carecían de capacidad operativa.

Para poder transportar granos dentro del país, se necesita unos documentos denominados cartas de porte [que hasta hace poco eran en papel impreso, pero ahora se digitalizaron para controlar las estafas] y cuando los agentes las revisaron, constataron que estaban adulteradas. Ante esto, procedieron al secuestro de la mercadería.

Ahora, la AFIP quedó a la espera de una resolución judicial que la avale para poner la mercadería en una subasta. Lo que logren recolectar, por ley, se destinará al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.

Esta semana, también hubo un operativo en Rosario que si bien quedó opacado por la magnitud del primero, no fue despreciable. Se trata de 502 toneladas de soja que estaban en un depósito fiscal de la ciudad santafecina, que estaban dispuestas en 16 camiones con patente paraguaya.

El cargamento tenía irregularidades en la documentación de respaldo, ya que no tenían comprobantes del exportador que avalaran la legítima adquisición del producto y ni siquiera poseían la carta de porte electrónica, y pretendía ser exportada a Paraguay a través de camiones manejados por conductores del país vecino.