La entidad Consumidores Libres rechazó el aumento tarifario de gas, "que oscila entre 300% y 700%", propuesto por las empresas, al considerarlo "incompatible con la situación de emergencia social en la que nos encontramos", según un comunicado de la entidad difundido este martes.

Así lo planteó la entidad tras participar el lunes de la audiencia pública convocada por el Gobierno para tratar el régimen tarifario transitorio del servicio público de gas que busca aplicarse a partir de febrero. Su apoderado, Ariel Caplan, advirtió que "la audiencia pública no puede cumplir su cometido, puesto que se carece de la información necesaria para abordar la cuestión" y -cuestionó- "sólo se cuenta con información suministrada por las empresas interesadas en los aumentos sin ningún análisis ni convalidación del Enargas".

Ante ello, Consumidores Libres solicitó que se decrete un cuarto intermedio hasta tanto se ponga a disposición del público dicho material por un plazo razonable y luego se reanude la audiencia.

Al finalizar la jornada, presentó un documento en el que manifestó su oposición a "todo tipo de ajuste tarifario hasta tanto se trate en audiencia pública con la información omitida" y a la "aplicación de aumentos mensuales y automáticos de tarifas por aplicación de índices de actualización solicitados por las empresas por resultar incompatibles con los ingresos de los usuarios que no están sujetos a actualización mensual". Exigió "que se determine y realicen audiencias públicas para determinar el valor del gas en boca de pozo (PIST) y su ulterior incidencia en las tarifa" y que "se fije una tarifa social para los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad". Asimismo, la entidad solicitó "que los aumentos sean paulatinos y proporcionales a los ingresos de los usuarios tratándose en forma diferenciada y más favorable a las tarifas residenciales", y que, a su vez, "se realicen exclusivamente sobre los cargos variables sin incrementar los fijos".

También pidió que "se exija la renuncia de las empresas prestatarias a cualquier reclamo al Estado por la aplicación del régimen tarifario transitorio considerado en la audiencia pública 104" y "la participación de las asociaciones de usuarios en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que fije la tarifa ulterior al régimen tarifario transitorio en análisis en la audiencia pública 104 y que debiera regir por cinco años". Otro de los puntos en los que Consumidores Libres hizo hincapié es en la garantía de "un adecuado nivel de servicio y que se resguarde la salud y seguridad de los usuarios". En tal sentido, exigió "la eliminación inmediata de la carga impositiva sobre las tarifas de los usuarios residenciales de menores recursos y la disminución paulatina del resto de los usuarios residenciales" y "la limitación del principio de neutralidad impositiva a 'los impuestos sobre las tarifas' excluyéndose del mismo cualquier otra carga tributaria, en especial la de las tasas (art. 41 Ley 24.076)".

Por último, la entidad solicitó que "se consideren los ingresos y utilidades de las subsidiarias de las prestadoras a los efectos de analizar la ecuación económico financiera de los contratos cuando las subsidiarias fueron conformadas con los ingresos y recursos de las licenciatarias como es el caso de Metroenergía en relación con Metrogas". Asimismo, expresó oposición "a que se considere al 'gas natural no contabilizado' (pérdidas de gas en su transporte y distribución) como un costo para la determinación de la tarifa, tal como lo solicitan las prestadoras por ser un riesgo empresario asociado a la eficiencia del prestador", concluyó el comunicado difundido.