Hace ya 20 años, tuvo lugar uno de los momentos más tensos, socialmente hablando, de la historia moderna de Argentina: el episodio conocido como el "corralito”. Con orígenes en algunas medidas del presiente Carlos Saúl Menem y con Fernando De la Rúa con dificultades para revertir la situación, terminó con su renuncia en diciembre del 2001.

Para 1998, el país atravesaba un momento delicado en cuanto a la economía, ya que la denominada “convertibilidad” y el “uno a uno” (un peso=un dólar), a pesar de haber traído buenos resultados previamente, combinado con la deuda externa fue un combo desfavorable.

Un año después, el panorama no había cambiado y el ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando de la Rúa, ganó las elecciones presidenciales, con la esperanza de poder dar un golpe de timón.

Sin embargo, sus intentos no fueron suficientes y terminó reclutando al ex ministro de Economía del gobierno que lo precedió, Domingo Cavallo, arquitecto del mencionado “uno a uno”. El ex diputado nacional tuvo un prometedor arranque, puesto que junio fue un mes positivo para el país. Lamentablemente, las corridas de julio y agosto, más el intento por bajar el déficit fiscal mediante el aumento de impuestos y el achique de los beneficios sociales, derivó en un clima social muy tenso.

Aquí es donde llegó el “manotazo de ahogado”: la restricción de restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros, que entró en vigencia el primero de diciembre del 2001. Esto alcanzó a 16.000 millones de dólares (solo en cajas de ahorro) y a 42.000 millones en plazos fijos.

En adición, la gente solo podía retirar un máximo de 250 pesos por semana, se prohibieron las transferencias al exterior y el resultado fue una parálisis económica y comercial, lo que resultó en multitudinarias marchas, protestas, saqueos y manifestaciones.

Este “estallido social” obligó a la renuncia del presidente De la Rúa y a una acefalía presidencial, ya que también había renunciado su vicepresidente, Carlos "Chacho" Álvarez, y demás funcionarios que seguían en la lista.

En una entrevista reciente, Cavallo sostuvo que “el corralito era algo que inexorablemente había que hacer (...). ¿Qué otra alternativa va a poner usted si se le están yendo los depósitos de una manera muy rápida y todos se quedan sin suficiente liquidez? No hay inventiva que se pueda hacer”.

Por su parte, agregó que “la idea de que el corralito significó una expropiación de depósitos es una falsedad” y que “por supuesto, tendríamos que haberlo explicado mejor (...). Creo que fui claro, lo que pasa es que había otros que estaban trabajando para el lobby que quería desestabilizar la economía y fueron muy destructivos. En ese momento, la gente tuvo una gran confusión”.