La inseguridad cala hondo en la sociedad y resuena aún más cuando el delito que repiten las pantallas de los medios es cometido por un menor de edad. Los mitos de que “no le pasa nada” judicialmente hablando está instalado en el acerbo popular, pero no es tan así.

Para empezar a entender qué pasa con un adolescente que delinque hay que indagar en el Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278 sancionada en 1980), que está a cargo de castigar a todo aquel joven con la edad mínima de imputabilidad fijada en 16 años cumplidos. Entre esa edad y los 18 se juzgan aquellos delitos con penas mayores a los dos años. ¿Qué pasa entonces con ese menor?

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil es el eslabón primario a la hora de recibir a un adolescente detenido por la Policía. “Todo chico detenido entra al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y lo aborda un equipo técnico compuesto por un abogado, un trabajador social y un psicólogo que empiezan a trabajar con él. Con eso elaboramos un primer informe de situación, si es primer delito, y si ya lo conocemos traemos la historia de ese chico. Delinquir no es gratis, no existe la puerta giratoria. Por supuesto que quedan antecedentes, por la reiterancia de hechos. Tras elaborar el informe hablamos con el juzgado: siempre es la Justicia la que decide”, explica Nicolás Echarri, director general de la Dirección. “Desde la creación del CAD, los adolescentes no pisan más comisarías. Somos pioneros en eso”, agrega Pablo Borychowski, abogado de la Dirección.

Al CAD entran todos los adolescentes pero cuando ingresa uno no punible (menor de 16) “se le da el egreso pero se trabaja con el contexto y la familia del chico. El DYAT (Programa Derechos y Alianzas Territoriales) es para chicos no judicializados que por lo general son los no punibles. A partir de ahí abrimos la política de la Ciudad y trabajamos en conjunto con Educación, Salud y Desarrollo Social. Si no tiene familia, se aborda la situación, se le da un parador y empezamos a trabajar para que vaya a un hogar”, agrega Echarri y remarca: “En los 6 años que llevamos acá tuvimos sólo 50 casos de menores de 16 años involucrados en casos graves o gravísimos. Apenas el 0,45%”.

Ahora bien, cuando el detenido ya tiene 16 años cumplidos, la situación cambia. “Una vez en el CAD, si tiene mucha reiterancia el juez seguro lo envía a un régimen cerrado: dependiendo la edad y las condiciones vemos si va al San Martín, al Agote o al Belgrano, centros socioeducativos que, si bien son cerrados, no buscan penalizar como una cárcel sino corregir y darles herramientas para cuando salgan”, explica Echarri.

“En el San Martín están escolarizados al 100%. Todos tienen talleres recreativos y de oficio obligatorios y convenios con facultades y universidades. Se trabaja mucho con el adolescente y la familia. Uno tiene que pensar que el pibe cuando egresa va a su centro de vida”, remarca.

En el Belgrano, en tanto, “hay mayores y suele haber detenidos por delitos más graves. La idea es que si luego tienen que ir a un penal, entren con el secundario completo. Muchos en el Belgrano ya empezaron la Universidad. Pudimos armar una cooperativa y trabajan”, explica el director sobre esa población puntual. “En un 99% los del Belgrano ya tienen una condena”, agrega el abogado.

En el San Martín hay 43 adolescentes; en el Agote, 36; y 20 en el Belgrano. En la Ciudad también están las Residencias Socioeducativas de Libertad Restringida: Simón Rodríguez, Almafuerte y Juana Azurduy (sólo mujeres): “Allí están escolarizados y van a talleres, pero afuera. Acá implica mucho la voluntariedad del pibe de querer volver al Centro y también de progresar”.

El informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, arroja que durante el primer semestre del 2023 (último publicado) al menos 986 menores tienen causas penales en la Justicia General de Menores de CABA: un 21% más que en el 2022. De ese total, uno de cada siete tuvo al menos una causa elevada a un Tribunal Oral de Menores. Además, 597 de esos casi mil menores eran delincuentes “primarios”.

El rango etario con más causas es el que va entre los 16 y 17 años (549) y le sigue el que está entre 13 y 15 con 378 casos. Sobre esta franja, y bajar la edad de imputabilidad, Echarri se sincera: “Desde la experiencia, me parece que nos debemos el debate. Siempre se quiere debatir, y nunca se hace. Cambió la era, tenemos que tomar eso y seriamente debatirlo Legisladores y Diputados; que gente con experiencia se siente en las Comisiones y se debata. Después los que saben decidirán”.

Al respecto, el fiscal penal juvenil en La Matanza, Pablo Insúa, es tajante. ”No estoy de acuerdo con bajar la edad, ya tenés un sistema procesal armado ¿Te imaginas un chico de 13 años sentado en el banquillo de los acusados? No tiene sentido juzgar a un chico”, esgrime. “El tema de los menores es de vínculos. Con quién lo podes vincular, siempre hay uno que lo recibe”, agrega.

Sobre el sistema de minoridad analiza que “está mal armado porque no tiene un sistema de recompensa para ese chico que delinque. Dentro de los requisitos para condenar a un menor de entre 16 y 18 años hay un año al menos de tratamiento tutelar: el menor sigue con su vida normal, pero lo evalúa un cuerpo interdisciplinario: psicólogos, trabajadores sociales y el juez mismo. Pero ese año nadie lo controla. No hace mérito ese chico. Por cansancio, y por la cantidad de causas que tramitan en el fuero de menores, queda en la nada”.

Al respecto, Insúa propone una salida: “Si hubiera un sistema de puntos ese chico tendría un incentivo. A ver, ¿qué vas a hacer ese año de tratamiento tutelar? Estas son las alternativas. Aprender un oficio, terminar el secundario... Y el juez evalúa y decide”. “El 80% de los presos mayores tuvieron causas como menores”, agrega Insúa para finalizar. El dato mata el relato.

El abordaje de los adolescentes en conflicto con la Justicia es complejo. En el mientras tanto, la baja de la edad de imputabilidad encuentra adeptos y detractores en pantallas y charlas de café. El debate de fondo, mientras, duerme en un cajón.

La Organización de la Naciones Unidas en sus Reglas Mínimas para la administración de la Justicia de menores, no fija una edad base de imputabilidad pero sí estipula que los países no deben fijarla en un número demasiado bajo por la inmadurez emocional, mental e intelectual que es propia de la niñez.

Además, pide evaluar la gravedad del delito en sí, las circunstancias en que lo comete y las condiciones personales del menor. Argentina como miembro, debe acatar estas premisas.

Al respecto, el psiquiatra y neurólogo, Enrique De Rosa, explica: “Una persona de 16 años desde ya comprende la connotación y la falla moral de un acto. En psicología evolutiva ya están los valores morales bien establecidos, se entiende lo que es correcto e incorrecto. La inimputabilidad no es excusarlo del delito, si no ver qué medidas se toman. Ese el gran tema”.

Además, detalló: “Sobre bajar la edad de imputabilidad, sí estoy de acuerdo porque se adecua a los delitos que se cometen en la organización delictiva del mundo. El tema es si la imputabilidad está ligada sólo a hacerlos culpables y vengarse: así no sirve de nada. Pero es inevitable bajarla porque los hechos los tenés en gran cantidad cometidos por menores”.