Por Juan Bernardo Domínguez @juanbjd

El presidente de la Nación, Javier Milei derogó a fines del año pasado la Ley de Alquileres a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que entró en vigencia el 29 de diciembre último.

Lo hizo al argumentar que su decisión contribuiría a revertir la crisis habitacional caracterizada por la dificultad de acceder a viviendas debido a la escasez de propiedades disponibles y a los muy altos precios de la renta.

El decreto 70/2023 eliminó el plazo mínimo de duración de los contratos, dispuso como “válido el uso de cualquier índice pactado por las partes” para los aumentos y determinó que los alquileres pudieran “establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera".

 

Este martes, crónica.com.ar accedió a un informe de la Defensoría del Pueblo porteña sobre un relevamiento de las denuncias de inquilinos presentadas en el área de Derecho a la Vivienda y Hábitat del organismo en lo que va del año.

El reporte puntualizó que “no renuevan los contratos a los inquilinos o les solicitan de 200 a 300%” de aumento para firmar uno nuevo.

Según otra denuncia, “están pidiendo aumentos ‘voluntarios’, por fuera de lo establecido en el contrato y bajo amenaza de desalojo”.

Otra presunta irregularidad da cuenta del cobro total de expensas, sin discriminar entre las ordinarias y las extraordinarias, pese a que los inquilinos deben afrontar sólo las primeras.

“Cobro ilegal de comisión inmobiliaria, a pesar de estar vigente la ley 5.859 que la prohíbe para los inquilinos”, se indicó en el informe al momento de detallar otra denuncia.

Los barrios de donde provino la mayor cantidad de presentaciones fueron Balvanera, Palermo, Caballito, Flores, Recoleta, Almagro, Belgrano, Villa Crespo, Villa Urquiza y Barracas.

Diferencias entre el tipo de denuncias de inquilinos antes y después de la derogación de la Ley de Alquileres

El informe especificó que, antes de la derogación de la Ley de Alquileres, predominaba entre las denuncias de inquilinos la falta de arreglos en las unidades, relacionados con el calefón, la rotura de cañerías y el cableado eléctrico, entre otros problemas.

Además, los presuntos damnificados también realizaban presentaciones vinculadas a la “retención indebida del depósito”.

Asimismo, se denunciaba el incumplimiento de la obligatoriedad de la entrega de una factura “oficial”, en oposición a lo dispuesto por la resolución Nº 4004 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Por último, se realizaban presentaciones sobre “la firma de prórrogas con contratos cortos, que no cumplìan con el plazo mínimo de 3 años que fijaba la Ley de Alquileres”.

El padecimiento de los inquilinos, en primera persona: “Es imposible pagar los disparates que se piden”

Por su parte, el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), Ricardo Botana, dijo este martes en declaraciones a crónica.com.ar que manejaba números similares a los de la Defensoría del Pueblo porteño en cuanto al pedido de aumento de precio al momento de la renovación de un contrato de alquiler.

“Entre 200 y 250%”, manifestó en ese sentido Botana, al tiempo que aseguró que lo que se solicita por la renta de un departamento de dos ambientes en la Capital Federal “arranca en los $300.00”.

No obstante, el presidente de la UAI sostuvo que la derogación de la Ley de Alquileres derivó en “una mayor oferta” de unidades por parte de los propietarios, lo que consideró que “hará a la larga que los precios de los alquileres se nivelen”.

A su turno, la presidenta de la asociación civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, Glenda Gómez, advirtió que, “con la caída de la ley, y estas nuevas medidas (del Gobierno nacional), el abuso se incrementó muchísimo de parte del sector propietario”.

“Piden lo que consideran ellos correcto y no están siendo concientes de la situación económica por la que atraviesa el trabajador, de lo que son los salarios y de lo que es el costo de vida”, denunció Gómez.

La inquilina alertó que, “por más que se pongan más unidades (en el mercado), a los precios que los están poniendo, el trabajador no puede acceder, porque es imposible pagar los disparates que se piden”.

 

“El DNU exacerbó la relación fuera de la ley entre los propietarios y los inquilinos”, adivierten

Por otra parte, crónica.com.ar habló con el director ejecutivo de la fundación Tejido Urbano, Fernando Álvarez de Celis, quien es licenciado en Geografía y realizó una maestría en Economía Urbana.

El especialista recordó que, “antes de la derogación de la ley, gran parte de los contratos se estaba haciendo por fuera de las inmobiliarias” y de la legislación sobre la materia.

“Había una relación entre propietarios e inquilinos por fuera de la ley y esto se exacerbó fuertemente después del DNU”, alertó Álvarez de Celis al analizar el vínculo que, pese a la derogación de la norma, debe respetar lo establecido en el Código Civil y Comercial.

El experto argumentó que “eso no tiene que ver solamente con el DNU, sino con el empalme entre las distintas leyes que hace que los propietarios intenten ahora, en una relación mucho más fuerte, quedarse con mayor parte de lo que es alquiler”.