La eliminación del decreto que regulaba los aranceles de las escuelas privadas modificó el mecanismo a través del cual se definen las cuotas mensuales y ahora los establecimientos podrán establecer los importes de acuerdo a sus costos y sin autorización previa del Gobierno. La decisión generó inquietud entre las familias que se preparan para encarar los gastos del ciclo lectivo 2026.

Aunque el objetivo oficial es evitar aumentos anticipados y desproporcionados en las cuotas, el anuncio generó temor entre los grupos de padres ante una desregulación total del sistema y su impacto en la economía del hogar.

El Ejecutivo nacional dispuso que las escuelas privadas sin financiamiento estatal ya no deben informar con meses de anticipación el valor de la matrícula y las cuotas del ciclo lectivo siguiente. Esa obligación, prevista en el decreto derogado, empujaba a las instituciones a fijar aumentos basados en proyecciones económicas inciertas, lo que provocaba que los aranceles crecieran muy por encima de la inflación general. La modificación debería impulsar hacia abajo los aumentos, aunque por ahora no parece ser el caso.

En octubre, los gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires autorizaron los últimos incrementos que alcanzaron un 2,2% y 2,8%, respectivamente. Según la nueva normativa, a partir de ahora, las instituciones de gestión privada podrán ajustar las cuotas y matrículas de manera autónoma, sin necesidad de comunicar los aumentos con antelación ni esperar una aprobación estatal. En los últimos días, comenzaron a llegar las primeras modificaciones a los padres.

“Esta semana nos llegó una actualización del plan de cuotas que estamos pagando para la matrícula 2026, se supone que era fijo, pero se ve que después del anuncio aprovecharon a subirla $60 mil pesos. Ofrecen alternativas para los padres que no pueden pagarlo, pero tampoco es la solución tener más cuotas que se suman a lo que ya abonamos mes a mes”, explicó a Crónica Agustina, madre de Tomás (6 años), alumno de primer grado en un colegio privado ubicado en Retiro.

En la resolución se advirtió que el sistema derogado obligaba a los colegios a informar, antes de noviembre de cada año, el valor de la matrícula y de cada una de las cuotas del ciclo lectivo siguiente. Esa obligación generaba una dinámica de aumentos preventivos y “desfasados respecto de la realidad económica”.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2024 la inflación general fue de 117,8%, mientras que las cuotas escolares subieron 169%, un incremento 44 % por encima del promedio de precios. El Gobierno aseguró que ese salto se produjo por un sistema que, al impedir ajustes graduales, obligó a los colegios a cubrirse con incrementos anticipados.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPBA), Martín Zurita hizo hincapié en la cantidad de instituciones que se ven afectadas por la medida. “Esta deregulación afecta solamente a las escuelas no subvencionadas, que son el 30% del total de las escuelas de Argentina. Las escuelas que tienen subvención siguen igual, es decir, dependen del aumento de lo que determinen cada una de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que eso no cambia”, aclaró.

“Lo que cambia esta desregulación, con la que nosotros estamos de acuerdo, implica que antes del decreto los colegios tenían que en septiembre informar a los padres cuál era la cuota de marzo siguiente. Entonces, son siete meses de diferencia, con lo cual en un país con tantos vaivenes económicos, sobre todo en periodos de inflación, es muy difícil calcular, porque después solo te dejaban aumentar el 50% de lo que aumentaban los sueldos. Vos tenías que cubrirte y dar un aumento bastante grande en marzo, porque después no sabías qué era lo que iba a pasar”, explicó el representante.

Con la eliminación de esta regulación, las instituciones pueden informar sobre aumentos casi a fin de año, “ya teniendo en cuenta los cálculos de su estructura de costos”, detalló Zurita y agregó “durante el año vas a poder aumentar si aumentan tus costos, con lo cual ese cálculo no va a ser tan alto, sino que va a ser más real. Creemos que esto va a ayudar tanto a la estructura de las escuelas como también de las familias. Entonces es bueno tanto para las escuelas como para los padres”.

Lucía, otra de las madres que habló con este medio, manifestó su preocupación por la desregulación. En su familia tienen dos chicos en edad escolar que asisten a un colegio alcanzado por la medida. “Antes nos venían aumentos desmedidos a principio de año pero tenían un tope al menos. Ahora hay mucha incertidumbre entre los padres, porque no sabemos con qué nos van a salir. Si aumentan los servicios por encima de la inflación, es poco probable que la cuota no se dispare”, advirtió.

De cara al ciclo lectivo 2026, la cuota y la matrícula no es la única preocupación para los padres. La nueva lista de útiles, cambios de uniformes, manuales para el próximo grado, son solo algunos de los costos que enfrentarán durante los primeros meses del año. “Sabiendo lo que cuesta cambiar útiles y la ropa para los chicos, si encima nos aumentan mucho la cuota, es asfixiante. Incluso hay familias que están averiguando en otros colegios por si tienen que cambiarlos”, añadió Lucía.

No obstante, las cifras demuestran que la matrícula escolar no se vio afectada por el ajuste que recae sobre las familias con ingresos medios. Según datos brindados por AIEPBA, “la matriculación en los colegios privados hace 15-20 años que se mantiene en el mismo ritmo. Hay aproximadamente 3 millones de alumnos en escuelas privadas, un millón y medio están en la provincia de Buenos Aires, no hay pases a escuelas estatales que puedan ser significativos”.

Pero es otro el fenómeno que afecta a la matriculación en los colegios, según reveló Zurita. “Estamos viendo, no solo en la escuela privada sino en la estatal, una disminución de la matrícula, por ejemplo, de jardines maternales y de jardín de infantes, sala de 3, sala de 4, sala de 5 e inclusive se está dando en primer grado, por la baja de natalidad. Eso hace que la matrícula en comparación con otros años baje, pero no es por un pase al ámbito estatal, sino que es justamente porque hay cada vez menos chicos”.

La actualización del marco regulatorio quedó en sintonía con el esquema vigente que rige para universidades e institutos, y según el cual ya definían sus aranceles sin control del Gobierno. Según el texto publicado en el Boletín oficial, el cambio “favorece un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad”.

Para las familias, el cambio significa que el costo mensual podrá variar con mayor frecuencia, aunque con incrementos que deberían ser más reducidos. Los colegios, por su parte, tendrán mayor autonomía para administrar su presupuesto de acuerdo a los costos salariales o de servicios, sin control estatal.