“No me cabe duda de que lo van a remediar”, afirma a Crónica uno de los referentes del sector vitivinícola sobre la reciente decisión del Gobierno de eliminar más de 900 normas que hasta el momento regulaban la producción, comercialización y exportación de vinos en Argentina.

La resolución 37 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) encendió las alarmas entre los productores de vinos. A partir del 1 de enero de 2026, se limitará la fiscalización del organismo a la etapa final de comercialización del vino, es decir justo antes de llegar a las góndolas.

La normativa, elaborada junto a la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dispone la derogación de 973 normas. Si bien algunos productores y representantes del sector afirman que algunas disposiciones estaban en desuso y eran “una pérdida de tiempo” en trámites burocráticos, otros representantes advierten sobre las consecuencias: deficiencias en la trazabilidad del producto, trabajo en negro y falta de controles que pueden llegar a afectar la seguridad pública.

La flexibilización de controles a los vinos del mercado interno tuvo su episodio más trágico en 1993, cuando una bodega de San Juan adulteró sus marcas con alcohol metílico que vendía en damajuanas. Esto provocó un total de 29 muertos en varios puntos del país y más personas resultaron afectadas por ceguera.

La medida impulsada por el ministro Federico Sturzenegger se decidió con el propósito de simplificar procedimientos y reducir la intervención estatal. A partir de esta resolución, se dejará de supervisar el cultivo, la cosecha, la elaboración y el transporte del vino, y se concentrará únicamente en verificar la calidad y autenticidad de los productos finales.

Entre las modificaciones más cuestionadas por productores, las certificaciones de origen y varietal dejarán de ser obligatorias, y podrán ser informadas en forma optativa.

“Todavía estamos estudiando todo”, aseguró a Crónica José Zuccardi, presidente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), pero “nuestra preocupación es no perder la trazabilidad”, puntualizó.

El representante reconoció que tenía conocimiento sobre la eliminación de normas antiguas e incluso reveló que habían sido consultados desde el Gobierno, pero la extensión de la resolución los sorprendió: “Sabíamos que estaban trabajando en algunas desregulaciones, pero la forma fue precipitada. Hay cosas que necesitan ser mejoradas para preservar la trazabilidad del sector vitivinícola argentino”.

Según el presidente del INV, Carlos Tizio, y Federico Sturzenegger, la medida se enmarca en el plan de “modernización del Estado”. “Dejamos atrás décadas de burocracia absurda”, sostuvo el funcionario tras el anuncio, y señaló que el control se centrará en la etapa final de la cadena, reduciendo la presencia de inspectores en las bodegas. “Menos burocracia significa menos oportunidades para la corrupción”, argumentó.

En su mensaje, el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado recordó el antecedente fatal ocurrido entre febrero y marzo de 1993, la adulteración de vinos en damajuana con alcohol metílico provocó 29 muertes y decenas de personas con secuelas neurológicas y pérdida de la visión. “La catástrofe había ocurrido en el gobierno de (Ricardo) Alfonsín, cuando se introdujo el Artículo 24 bis a la ley 14.878, dándole potestad al INV de controlar cualquier cosa. La delegación legislativa nos permite modificar estas funciones del INV para focalizarlas, como decíamos, exclusivamente en el control del producto final”.

“Ahora vamos a controlar únicamente el producto final, el producto que está en góndola. No vamos a poder ingresar a la bodega ni hacer ningún tipo de inspección dentro de ella”, anticipó el funcionario.

Para Zuccardi, la falta de controles puede atentar contra un producto bandera que es líder en el mundo. “Esta actividad está formalizada, se pagan impuestos y se registran a los trabajadores, evitando el empleo en negro. Al perder controles, corrés el riesgo no solo de perjudicar el producto que es líder en el mundo, sino también de informalizar la actividad”, explicó el titular de UVA y destacó un punto clave: “Los vinos argentinos jerarquizan el origen del producto y esto a su vez atrae interés hacia otros productos nacionales”.

La eliminación de casi 1000 normas del INV ocurre mientras la industria se sostiene en un escenario con dos frentes: la caída del consumo interno y exportaciones debilitadas.

Según el último informe del INV, en julio de 2025 las ventas internas cayeron un 13% interanual, con un consumo per cápita de 1,39 litros, lo que representa una caída del 14% respecto al año pasado. En paralelo, las exportaciones totales de vino retrocedieron un 21,1% interanual.

“El sector atraviesa una situación un tanto crítica, en el mercado interno el consumo se retrajo, aunque menos que otras bebidas. En cuanto a las exportaciones de vinos, la baja no es una cuestión que ocurre exclusivamente en Argentina, es en todo el mundo y viene sucediendo hace unos años”, detalló Zuccardi.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado visitará Mendoza este viernes invitado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, con el objetivo de presentar en detalle la reciente desregulación del sector vitivinícola, anunciada la semana pasada y reunirse con autoridades y referentes de la industria para dar precisiones en los cambios de la normativa del vino. 

“El Gobierno siempre estuvo abierto al diálogo”, expresó Zuccardi, quien anticipó un escenario de escucha a los representantes del sector para modificar “lo que se tenga que modificar para proteger a la industria vitivinícola”.