El Gobierno envió el DNU que modifica la Ley de Inteligencia y amplía las facultades de la SIDE al Congreso de la Nación.

Tras el decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia, se cumplieron diez días hábiles reglamentarios desde su publicación en el Boletín Oficial y la norma debía ser remitida de manera directa a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

La comisión contará ahora con otros diez días hábiles para expedirse y emitir un dictamen sobre su validez. Si ese plazo vence sin pronunciamiento, las dos cámaras quedarán habilitadas para tratar el decreto directamente en las Cámamas de Diputados y en el Senado.

 

En el decreto, se establece en el artículo segundo que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional” y se define como investigación de inteligencia “al conjunto de tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional".

Al respecto, se modifica que las tareas de contrainteligencia incluyen evitar “acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno”.

Para defender el decreto, el Ejecutivo sostuvo que las tareas de contrainteligencia incluyen evitar “acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno”.