El ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán, quien había sido condenado a 12 años de cárcel, con el beneficio de la prisión domiciliaria, luego de que lo acusaran de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio durante la última dictadura militar, fue escrachado por varias personas, quienes subieron el video a las redes sociales.

En el video puede verse al represor sentado en una mesa de un restaurante al aire libre, mientras una mujer lo encaró y lo acusó de haber quebrantado el arresto domiciliario que ordenó la Justicia. “Es un delincuente de lesa humanidad que fue condenado y que tiene que estar en prisión domiciliaria”, le recriminó la señora.

“Usted es un genocida y tendría que estar en la cárcel”, le reprochó la mujer, mientras el represor le hacía gestos para que se vaya. En tanto, la denunciante explicó en el video que Catalán fue “juez que avaló secuestro y desapariciones”. “Usted es un genocida, tiene prisión domiciliaria y tendría que estar en la cárcel. Vergüenza de La Rioja. Ahora se hace el pobre viejo, pero ha sido el delincuente más asqueroso que tuvo nuestra provincia”, aseveró.

En febrero de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja lo condenó a 12 años de cárcel y los fiscales Rafael Vehils Ruiz y Patricio Rovira habían pedido perpetua para el ex magistrado.

Mientras Fiscalía entendió que Catalán fue “autor material de privación ilegal de la libertad, tormentos y participe necesario en el homicidio de una víctima”, el tribunal por mayoría -conformado por los jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla- entendió que en esos casos el ex magistrado actuó como “encubridor en el homicidio y en siete casos de tormentos”. Entre otros cargos, el juez Catalán fue condenado por asociación ilícita.

Por su parte, el presidente del Tribunal, Juan Carlos Reynaga, votó con una postura similar a la del MPF y propuso una pena de 20 años de prisión al acusado, al considerar a Catalán como partícipe secundario en el homicidio y en la imposición de tormentos agravada y autor de asociación ilícita.

Ante el intento de rechazar el pedido de la Fiscalía y de las querellas de nulificar las causas penales seguidas a las víctimas del terrorismo de Estado por violación a la denominada ley 20840, denominada “ley antisubversiva”, Casas y Jiménez Montilla indicaron que no se podían nulificar porque durante el debate no se había “debatido ni acusado por prevaricato al imputado”.

En abril de 2021, los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci declararon "inadmisible" el intento del ex juez, a través de su abogado, Juan Carlos Pagotto, de reclamar contra el fallo que amplió la acusación en su contra.

En el fallo que ratificó su condena, se remarcó que Catalán fue responsabilizado por "los innumerables procedimientos irregulares e ilegales que convalidó, la colaboración que prestó en la sustanciación de los procedimientos, la desatención que le daba a las gravísimas denuncias sobre imposición de tormentos que le brindaban las propias víctimas, el permiso que le otorgó a funcionarios de las fuerzas de seguridad que actuaron como ‘auxiliares de justicia’, la situación de que la mayoría de los testigos que declararon lo ubican en el momento y en el lugar de los hechos, que sabía de los tormentos que recibían".

Además, "supo de la detención ilegal y posterior desaparición de la que fue víctima Díaz Romero y demás actos concretos, que se encaminaban a otorgar una cobertura de legalidad y garantía de impunidad".