La Sala II de la Cámara Federal porteña habilitó a que los abogados de Florencia Peña recurran a la Cámara de Casación Penal para que se evite el archivo de la denuncia judicial contra el diputado Waldo Wolff, por "graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional".

La causa había sido archivada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, porque los delitos posibles no encuadran en lo sucedido, a raíz del carácter de legislador nacional del denunciado. Las manifestaciones objetadas "vale remarcar de un tenor ciertamente cuestionable, por el modo que refirieron a parte de las personas a que hicieron alusión", advirtieron los jueces, "poseían una conexión con las contingencias propias de la participación de los implicados -diputados nacionales- en la política partidaria", según analizaron.

 

 

Sin embargo, ante una presentación de los abogados Fernando Burlando y Javier Baños, los mismos magistrados habilitaron el camino para la intervención de la instancia superior. "El remedio es formalmente viable", dijeron.

 

Cuál fue la denuncia de Florencia Peña contra Waldo Wolff

 

 La causa se originó el año pasado, cuando Wolff, diputado que representa a Juntos por el Cambio, realizó posteos desde su cuenta de Twitter vinculados a las visitas de la actriz y conductora a la Residencia presidencial de Olivos durante la pandemia de Covid-19.

 

 

En un cruce cómplice y cargado de segundas intenciones, Wolff contestò las ironías de su compañero de bancada Fernando Iglesias, quien había posteado que “para mí, la señorita iba a ayudarlo (al Presidente) a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie”. Wolff respondió: “Pero ella de rodillas no?”. Y agregó luego: “Me refería a la economía”.

Ante la sugerencia de que Peña había concurrido a Olivos para ofrecer favores sexuales, presentó una denuncia por "incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer”.

El juez Boico votó en disidencia contra el archivo de la denuncia y señaló que la "inmunidad de opinión" con la que cuentan los legisladores en el ejercicio de su función no debe ser entendida "como neutralizador u obstáculo para el desarrollo de una investigación criminal, siempre y cuando lo propalado constituya -hipotéticamente- una enunciación que exprese un caso de violencia de género".