El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó los resultados de su último censo de personas en situación de calle, realizado en noviembre. El informe contabilizó un total de 5.176 individuos distribuidos en espacios públicos como plazas, veredas y estaciones de transporte, así como en la red de paradores. Esta cifra refleja un incremento en la población vulnerable con respecto a los registros del 2024.

Del total relevado, 1.613 personas pernoctaban directamente en la vía pública al momento del conteo. Este dato representa una suba interanual del 30%, considerando que en noviembre de 2024 se habían identificado 1.236 personas en la misma condición. El aumento global de la población sin techo, sumando a quienes utilizan los paradores, pasó de 4.049 a 5.176 individuos en el lapso de doce meses.

La distribución territorial muestra una concentración marcada en el área central de CABA. La Comuna 1 lidera las estadísticas con 564 personas registradas, seguida por la Comuna 3, que abarca los barrios de Balvanera y San Cristóbal, con 249 casos. En conjunto, las comunas 1 y 3 agrupan casi el 50% de la población que duerme a la intemperie en todo el distrito capitalino.

En lo que respecta a los Centros de Inclusión Social (CIS), el censo oficial registró a 3.563 usuarios, lo que implica un crecimiento del 26% respecto a las 2.813 personas del periodo anterior. Actualmente, la Ciudad dispone de 58 centros con un total de 4.900 plazas. Según las autoridades, la tasa de ocupación no alcanzó su total tras la inauguración de diez nuevas unidades durante el transcurso de 2025.

La gestión de estos espacios funciona a través de un sistema de segmentación por perfiles: hay paradores para familias, para personas con problemas de salud mental, para quienes atraviesan tratamientos en adicciones, para personas mayores e incluso para quienes tienen mascotas, uno de los principales motivos por los que muchas personas en situación de calle evitan los paradores del Gobierno porteño.

Los indicadores demográficos señalan que el 83% de los censados son varones con edades comprendidas entre los 19 y 60 años. Un dato relevante es la procedencia de los individuos: casi el 70% no es de la Ciudad de Buenos Aires. El 39,5% nació en la provincia de Buenos Aires, el 19,3% en otras jurisdicciones del interior del país y un 8,3% en el extranjero.

En tanto, el 68,2% de los encuestados manifestó vivir a la intemperie desde hace más de un año, mientras que más de 300 personas superan los tres años en esta condición. Los detonantes principales identificados por los sujetos son la inestabilidad laboral, la crisis económica y los quiebres en los vínculos familiares primarios.

En contraposición a las cifras oficiales, organizaciones sociales presentaron el Tercer Censo Popular en septiembre 2025, coordinado por más de treinta entidades civiles y de derechos humanos. Este estudio contabilizó 11.892 personas en situación de calle (7.898 en vía pública y 3.994 en centros de inclusión), cifra que duplica el registro gubernamental. Este relevamiento se realizó durante cuatro días consecutivos durante el mes de junio.

Horacio Ávila, integrante de la organización Proyecto 7, sostiene que la diferencia en los informes radica en la metodología de rastrillaje. “Hay una clara cuestión metodológica en relación a las diferencias entre los datos del gobierno de la ciudad, estadística y censos, y los datos de las organizaciones sociales. Ellos simplemente lo hacen en un solo día, por la tarde, noche, en muy poca cantidad de horas, en determinadas zonas y cuadrículas, con muy poco personal. y en general lo hacen en vehículos”, señaló el referente.

El análisis de las causas del fenómeno apunta a factores macroeconómicos estructurales. Según Ávila, “la crecida y el aumento de la población de gente en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, y no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, está claramente relacionada con las medidas socioeconómicas que se vienen tomando ya desde hace muchos años”. Entre estas medidas mencionó el cierre de comercios, la caída de empleos informales y la desregulación de los alquileres.

El informe de las organizaciones también arroja datos sobre la integridad física de esta población. El 64% de los participantes reconoció un deterioro en su estado de salud desde que habita la calle. Asimismo, el 80,7% denunció haber sido víctima de violencia institucional, señalando principalmente a las fuerzas de seguridad locales y al personal de higiene urbana.

Por último, el referente social enfatizó la necesidad de un abordaje cualitativo y humanitario del problema. Al respecto, puntualizó: “La gente no son criminales son personas que lamentablemente por distintos motivos han caído en la pobreza extrema y en situación de calle”.