Luego de que el Gobierno estableciera modificaciones sobre qué información brindarán los octógonos negros de advertencia en los alimentos al oficializar recientemente la existencia de un manual de aplicación de la llamada Ley de Etiquetado Frontal, especialistas en nutrición advirtieron que los cambios "atentan contra la alimentación saludable".

Más allá de las opiniones cruzadas sobre la utilidad de esos sellos, las alteraciones "representan un retroceso significativo en la protección de la salud y el derecho a una alimentación adecuada", según consideró el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.

"Entendemos que una alimentación saludable es un derecho fundamental y que el etiquetado de los alimentos juega un papel crucial en la toma de decisiones informadas. Consideramos que las normas que regulan el etiquetado deben ser claras, precisas y coherentes con los objetivos de promover la salud y prevenir enfermedades crónicas", sostuvo la nutricionista Laura Salzman (M.P. 4.435), presidenta de la institución bonaerense.

Y agregó: "Las modificaciones introducidas a la ley, nos generan serias dudas sobre su capacidad para cumplir con estos objetivos. Por ejemplo, al relajar los requisitos de etiquetado y permitir una mayor flexibilidad en el uso de términos como ‘light’ y ‘bajo en’, se corre el riesgo de generar confusión en los consumidores y de promover la elección de productos menos saludables".

Algunas de las implicaciones que tienen los cambios que el Gobierno nacional introdujo a través de las disposiciones 11362/2024 y 11378/2024 abarcan por ejemplo, la información que puede ser interpretada como engañosa, al permitir que se consideren solo los nutrientes añadidos y no los intrínsecos del producto, ya que se oculta información crucial sobre su composición nutricional real. 

También se menciona la publicidad engañosa a través de la flexibilización en el uso de "claims" como "light" en productos con exceso de azúcares que genera confusión en los consumidores.

Los nutricionistas sugieren que habrá una menor protección a niños y adolescentes: "La reducción de la edad límite para la protección frente a la publicidad de productos ultraprocesados y la permisividad en el uso de elementos de marketing dirigidos a este público vulneran sus derechos". 

 

Asimismo, alertan sobre la falta de transparencia, ya que la eliminación de las declaraciones juradas que se les exigía a las empresas productoras de alimentos implica una pérdida de control sobre la información nutricional.

Las políticas públicas en materia de alimentación deberían tener como objetivo primero la protección de la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables. Sin embargo, el Colegio de Nutricionistas bonaerense advirtió que estos cambios debilitan el marco regulatorio existente y podrían revertir los avances logrados con el etiquetado frontal. 

En este sentido, la profesional enfatizó que las nuevas disposiciones representan una regresión en los derechos adquiridos a la información, a la salud y a la alimentación saludable.