Luego de iniciar auditorías en la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el gobierno decidió suspender una lista de pensionados de Anses que presuntamente cobraban de manera irregular.

Cabe recordar que en julio ya se había comunicado la baja de unas 60.000 pensiones. Estas auditorías tienen como objetivo asegurar que "no se le retire el beneficio a quien realmente lo necesita".

Esta medida afectará a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. La Andis estima que entre el 30% y el 40% de los 400.000 pensionados auditados podrían perder los haberes que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esto significa que entre 120.000 y 160.000 personas podrían ver suspendidos sus beneficios.

Según el gobierno, la decisión busca asegurar una distribución justa y transparente de los recursos estatales.

Un estudio inicial reveló que sólo el 7% de los 2.559 casos revisados cumplían con todos los criterios necesarios para acceder a la pensión. Este resultado llevó al gobierno a intensificar las auditorías y eliminar a aquellos beneficiarios que no cumplen con las condiciones requeridas.

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Estas pensiones están destinadas a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar. 

Se denominan "no contributivas" porque no requieren que el beneficiario haya realizado aportes durante su vida laboral. Además, son incompatibles con otros tipos de ayuda del Estado, como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.