El fragor de los balazos y los alaridos retumbaron aquella madrugada contra las frías paredes de la Base Aeronaval Almirante Zar ubicada en Trelew. Dieciséis jóvenes militantes de las organizaciones armadas de izquierda Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) morían fusilados sin juicio previo el 22 de agosto de 1972 durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, tras haber intentado fugarse del penal de Rawson el 15 de agosto.

La primera versión “oficial” de los hechos, brindada por el gobierno de facto, señaló que los “subversivos” se habían rebelado contra los oficiales de la Armada y que por tal motivo la masacre estaba justificada.

 

“Hay un fusilado que vive”, proclamaba quince años antes Rodolfo Walsh en “Operación Masacre”, luego de encontrar al primero de los siete militantes peronistas que sobrevivieron a los fusilamientos de José León Suárez en junio de 1956.

A su vez, en el gélido invierno del ‘72 en Trelew, los “fusilados que viven” fueron tres: Alberto Miguel Camps (FAR), María Antonia Berger (FAR) y Ricardo René Haidar (Montoneros); todos ellos asesinados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976.

Fueron ellos quienes contaron los crudos hechos en una histórica entrevista con el poeta, guerrillero y periodista Francisco “Paco” Urondo -también asesinado durante “El Proceso”- realizada en 1973.

Aquellos testimonios reprodujeron aquellas fatídicas horas en las que, tras desangrarse por horas luego de recibir múltiples balazos que los dejaron al borde de la muerte, lograron recordar las caras de sus verdugos. 

El resto de sus compañeros no corrieron la misma suerte: Alejandro Ulla, Alfredo Kohan, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello; Humberto Suárez; Humberto Toschi; José Ricardo Mena; María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonet y Susana Lesgart murieron aquella madrugada a raíz de los disparos.

Una semana antes de la masacre, el 15 de agosto de 1972, todos ellos habían logrado fugarse del penal de Rawson junto con los seis jefes guerrilleros al mando del operativo: Mario Roberto Santucho (ERP), Marcos Osatinsky (FAR), Fernando Vaca Narvaja (Montoneros), Roberto Quieto (FAR), Enrique Gorriarán Merlo (ERP) y Domingo Menna (FAR). 

Mala señal

A diferencia de los líderes del Comité de Fuga, el grupo de diecinueve no llegó a tiempo a la pista del aeropuerto para subir al avión de Austral que, tras ser secuestrado, llevó a aquellos a Puerto Montt y luego a Santiago de Chile, donde fueron asilados por Salvador Allende para ser finalmente trasladados a Cuba.

Lo que causó la tardanza de este segundo grupo fue una señal mal interpretada: aunque el plan original era que se fugaran 110 detenidos en tres camiones, un tiroteo previo al escape entre Osatinsky y el guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela, en el que este último resultó muerto, hizo pensar al apoyo externo que la fuga había fracasado y los camiones se retiraron.

Solamente quedó un Ford Falcon en el que escaparon los seis líderes mientras que el grupo que sería fusilado días después logró llegar a la pista con otros tres autos, aunque ya era tarde. 

Fue así como, frustradas sus posibilidades de fuga, los diecinueve presos políticos decidieron tomar la terminal aeroportuaria de Trelew y, luego de dar una conferencia de prensa en la que solicitaron y recibieron garantías para sus vidas en presencia de periodistas, jueces, médicos y abogados, dejaron sus fusiles y se entregaron a los efectivos de la Armada, pidiendo retornar al penal de Rawson.

Dos días después, en la mañana del 17 de agosto, el Partido Justicialista envió un telegrama al ministro del Interior Arturo Mor Roig (integrante del partido radical asesinado por Montoneros en 1974) con el siguiente texto: “Reclamamos respeto a los derechos humanos de los presos políticos de la unidad carcelaria Rawson, responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión”. 

Sin piedad

Sin embargo, este pedido no fue concedido por la cúpula militar bajo el mando de Lanusse, que resolvió enviarlos a la Base Almirante Zar, donde, tras algunos días de reclusión, a las tres y media de la madrugada del 22 de agosto, fueron sacados de sus celdas y, formados y obligados a mirar hacia el piso, fueron ametrallados indefensos por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y el teniente Roberto Guillermo Bravo.

Vejámenes -a Pujadas lo hicieron barrer el piso desnudo- y frases como “Van a ver lo que es el terror antiguerrillero” o “Ya les vamos a enseñar a meterse con la Marina” antecedieron a los disparos.

Como ya se dijo, la mayoría falleció en el acto y los únicos tres sobrevivientes fueron trasladados al día siguiente a Puerto Belgrano, donde recibieron asistencia médica para luego contar la historia. 

Así se produjeron los hechos de acuerdo con lo narrado por los sobrevivientes en la famosa entrevista recopilada en “La Patria Fusilada” que hoy ya es un emblema y un espejo de la violencia política de aquellos sangrientos años.

Precursora e incluso considerada como hecho inaugural del terrorismo de Estado como metodología sistemática de combate contra las organizaciones de izquierda, la Masacre de Trelew es hoy, cincuenta años después, un símbolo que reivindica el estado de derecho por sobre la opresión y la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas en los sucesivos golpes de Estado a lo largo de nuestra historia.

Y está bien que así sea, para que nunca más se violen derechos humanos y nunca más se vulnere la democracia.

Crudos testimonios: la odisea de aquellos que sobrevivieron para contarlo

Tres fueron los sobrevivientes de la masacre perpetrada por las fuerzas militares aquel fatídico 22 de agosto de 1972: Ricardo Haidar, María Antonia Berger y Alberto Camps. Y gracias a sus testimonios, recogidos durante el breve lapso que estuvieron libres antes de desaparecer durante la última dictadura.  A continuación, algunas de sus manifestaciones más salientes: 

Ricardo Haidar

“Cuando llegamos al aeropuerto de Trelew, luego de la fuga del penal de Rawson, y comprobamos que el avión ya había partido, nos quedaba una alternativa: dispersarnos en la dilatada meseta patagónica”. 

“Sin embargo, desechamos de inmediato tal posibilidad porque las características geográficas de la zona eran adversas, y podíamos ser detectados fácilmente por las fuerzas represivas y muy probablemente eliminados sin darnos la oportunidad de rendirnos”. 

“En consecuencia, optamos por rendirnos en el aeropuerto, exigiendo las máximas seguridades posibles, consistentes en hablar con el periodismo, para que el pueblo verificara que estábamos vivos y en óptimas condiciones, la presencia del juez y la de un médico para que constatara nuestra integridad física. Creíamos nosotros que ello bastaría para asegurarnos la vida. Por lo visto nos equivocamos”.

María Antonia Berger

“Una noche asistimos a un simulacro de fusilamiento, y como tal lo asumimos posteriormente. Aproximadamente a la medianoche nos despiertan con gritos; a oscuras nos obligan a tirarnos cuerpo a tierra repetidas veces, sentamos y paramos en el suelo, etcétera, al tiempo que simulan ir a buscarnos para llevarnos, abren los candados, los cierran nuevamente; encienden y apagan las luces al tiempo que montan y desmontan repetidas veces sus armas”. 

“Escuchamos los cuchicheos de nuestros carceleros con otros oficiales que han llegado. Por señas le pregunto a un cabo qué estaba pasando y me contesta moviendo su dedo índice como si apretara el gatillo de un arma. Como cierre de una noche agitada, comienza un nuevo interrogatorio por los oficiales, ante quienes reiteramos nuestra negativa a declarar”.

Alberto Camps

“Sentí dos ráfagas de ametralladora. Pensé en fracción de segundos que se trataría de un simulacro con balas de fogueo. Vi caer a (Miguel) Polti que estaba de pie sobre la celda Nº 9, a mi lado; y de modo casi instintivo me lancé dentro de mi propia celda. Otro tanto hizo (Mario) Delfino. De boca ambos en el suelo, Delfino a mi derecha, permanecimos en esa posición, en silencio, entre tres y cuatro minutos”.

“Durante ese breve lapso escuché una o dos ráfagas de ametralladora al comienzo, luego varios tiros aislados de distinta arma, gemidos y ayes de dolor y respiraciones agotadas o sofocadas. Luego se introdujo en la celda, pistola en mano, el oficial de marina (Roberto) Bravo. Nos hizo poner de pie con las manos en la nuca”. 

“Dirigiéndose a mí me requirió en tono muy duro si iba o no a declarar. Respondí negativamente y sin nuevo diálogo ni espera, me disparó un tiro en el estómago con su pistola calibre 45. Acto seguido le disparó a Delfino”.

“Me llevaron a una sala médica. No me sometieron a ninguna curación. Apenas si me limpiaron la herida. Luego, en avión, me trasladaron a Puerto Belgrano. Allí fui operado. También allí me entrevistó el juez naval ante quien declaré sobre estos hechos y ante quien firmé mi declaración”.

Condena y ¿extradición? para Bravo

El pasado 1º de julio, el ex marino Roberto Guillermo Bravo fue condenado en Estados Unidos a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a los familiares de las víctimas de Trelew. 

Así lo dictaminó un jurado popular en el marco de un juicio civil por jurados que inició a raíz de una denuncia por parte de cuatro familiares de las 16 víctimas en 2020 y que resolvió que cada allegado reciba 3 millones de dólares “más diversos accesorios punitorios”. 

Pese a la condena que lo consideró autor de los fusilamientos de Eduardo Capello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal y el intento de ejecución extrajudicial de Alberto Camps, Bravo, quien tiene 80 años y reside en los Estados Unidos desde 1973, cuando llegó como agregado a la embajada argentina en Washington, no irá a la cárcel porque se trató de una demanda civil. 

Además, hasta el momento todos los pedidos desde Argentina para extraditarlo fueron rechazados debido a que Bravo se nacionalizó estadounidense. Por su parte, la investigación argentina de lo sucedido se había reanudado hace más de una década con la apertura de los archivos militares. 

 

En 2012 fueron condenados por el TOF de Comodoro Rivadavia el contraalmirante Horacio Mayorga -quien en su momento se justificó diciendo “Se hizo lo que se tenía que hacer” y fue también torturador de la ESMA a partir de 1976-, el capitán Jorge Del Real, el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y el cabo Carlos Marandino, mientras que el ex jefe de la base Almirante Zar, Roberto Horacio Paccagnini y el capitán de Navío Jorge Enrique Bautista fueron absueltos, aunque la Cámara de Casación revirtió el fallo dos años más tarde. 

“Estamos muy felices. Este es un gran paso para pedir la extradición y que Bravo sea juzgado en la Argentina. Dediqué gran parte de mi vida a buscar justicia sobre los responsables de las torturas y el intento de asesinato de mi padre”, explicó Raquel Camps, hija de Alberto, quien estuvo presente en el juicio que condenó a Bravo.

 

Por A.S.