La ambición y el desprecio por la naturaleza les terminaron saliendo muy caros. Una incursión de caza ilegal en pleno Parque Nacional Nahuel Huapi generó una causa penal para los tres hombres que participaron. Deberán abonar seis millones de pesos, entre otras condiciones, por haber matado y faenado a un guanaco.

El caso, que generó una fuerte indignación, se resolvió mediante una suspensión de juicio a prueba. El juez de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, fue quien homologó este acuerdo. 

Todo se descubrió gracias a un comisario retirado de la Policía de Neuquén que el 8 de octubre divisó una camioneta sospechosa con varias personas en una zona donde la fauna silvestre debería estar protegida por ley. No dudó y dio aviso inmediato a las autoridades, alertando que estaban faenando ejemplares de guanaco a plena luz del día.

 

Cuando los efectivos policiales llegaron a la Ruta Provincial N°63, se encontraron con que en el vehículo estaban los tres sospechosos y, repartidos entre las mochilas y la caja de la camioneta, los restos todavía frescos del animal. Habían violado la Ley 22.351 de Parques Nacionales.

Multa millonaria y educación obligatoria

Los agentes encontraron dos lomos y dos paletas con cuero, además de los cuchillos utilizados para el desposte. También hallaron una vaina servida calibre 223, aunque el arma no estaba allí; se cree que una cuarta persona logró escapar del lugar antes de que llegara el patrullero.

Meses después del hecho, el 2 de diciembre uno de los imputados entregó voluntariamente el rifle utilizado para cazar al ejemplar, junto a la documentación del arma y las correspondientes credenciales.

Ahora, los 6 millones de pesos totales que deberán abonar no irán a cualquier arca del Estado. El destino será la Fundación Civil Ñacurutú, red de rescate y atención de fauna silvestre de la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y áreas aledañas, que coopera con el Refugio Aluminé, en la provincia de Neuquén. El dinero se pagará en tres cuotas consecutivas.

Pero el castigo no es solo económico. La Justicia  busca que este tipo de depredadores no vuelvan a reincidir. Por eso, se les impuso la obligación de realizar un curso de concientización sobre caza ilegal de fauna silvestre. La capacitación, dictada por el Instituto Edutin Academy con enfoque en zoología, dura seis meses y requiere una certificación final aprobada.

Además, se les dictó una inhabilitación especial voluntaria por un año. Durante ese tiempo, no podrán adquirir ni usar ningún tipo de armas de fuego. De hecho, tuvieron que entregar todos sus permisos de caza de manera inmediata ante el magistrado.

La camioneta en la que se movían, que quedó secuestrada, sigue bajo custodia policial. Los acusados deberán acreditar el pago de la primera cuota de la reparación económica para que el vehículo les sea devuelto. Es una forma de garantizar que el compromiso con la fundación se empiece a cumplir sin demoras.

 

El proceso penal quedará en suspenso durante un año. Si al finalizar ese periodo los imputados cumplieron con los pagos, aprobaron el curso y no volvieron a portar armas, el juez dictará el sobreseimiento definitivo.