La situación legal de Agostina Páez, la abogada y creadora de contenido santiagueña procesada en Río de Janeiro, se complicó tras denunciar el ingreso de desconocidos al departamento donde se encuentra alojada.En paralelo, la justicia de Brasil ratificó la obligatoriedad de que la mujer comience a utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico en un plazo máximo de cinco días.

La medida cautelar, que busca evitar la salida de Páez del territorio brasileño, fue informada por medios locales como O Globo. El objetivo de las autoridades judiciales es asegurar la comparecencia de la imputada mientras avanza el proceso por presunta injuria racial, un delito que en la legislación brasileña posee un régimen de rigurosidad elevado.

El detective Diego Salarini, titular de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, comunicó que la etapa de instrucción policial se encuentra en su fase de cierre. Según el funcionario, el sumario con las pruebas recolectadas será elevado al Ministerio Público en el transcurso de la semana, luego de tomar declaraciones finales a la denunciante y al gerente del establecimiento involucrado.

La causa penal se originó el pasado 14 de enero, tras un altercado en un local boliche de la zona sur carioca. El expediente judicial incorpora registros de cámaras de seguridad donde se observaría a Páez realizando gestos y sonidos asociados a primates, conductas que la justicia encuadró bajo la figura de injuria racial.

En Brasil, la injuria racial fue equiparada legalmente al racismo. Esta definición jurídica implica que el delito es imprescriptible, no admite el pago de fianza para obtener la libertad durante el proceso y conlleva penas que pueden alcanzar los cinco años de reclusión efectiva.

En este contexto de restricción perimetral, se produjo un episodio sospechoso en el domicilio temporal de la abogada. Cerca de las 15 horas del lunes pasado, tres hombres ingresaron a su departamento. Según relató su abogado, Sebastián Robles, a El Liberal, los sujetos alegaron ser efectivos policiales, aunque el letrado advirtió que “todo resultaba confuso”.

Ante la falta de claridad del episodio, los responsables de la administración del edificio sugirieron a Páez abandonar la unidad habitacional por razones de seguridad. Su padre, Mariano Páez, manifestó la crisis emocional de la joven y citó sus palabras: “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”.

La defensa, ante el agravamiento de las circunstancias, anunció que solicitará nuevas medidas de prueba. “Vamos a solicitar el secuestro de los videos del incidente del 14 de enero, ya que el contexto es diferente al que enfrentamos con nuestra cliente”, sostuvo Robles, cuestionando la interpretación de las imágenes iniciales.

Asimismo, el equipo legal prepara la presentación de un recurso de habeas corpus. El abogado argumentó que la ciudadana argentina se encuentra “casi detenida en circunstancias adversas y confusas”, con el fin de que se le permita aguardar el final del proceso en su país de origen.

Páez cuenta con la asistencia del consulado argentino en Río de Janeiro, aunque el organismo aclaró que su función se limita al asesoramiento legal y no a la interferencia en las resoluciones del juez Orlando Eliazaro Feitosa. 

Robles fue crítico con las decisiones del Tribunal de Justicia de Comarca, señalando que “con la familia nos parece muy severa la medida” de la tobillera electrónica. El letrado insistió en que el expediente aún se basa en “una investigación en la cual todavía no hay un hecho determinado”.

El entorno familiar de la abogada denunció que la joven es víctima de hostigamiento y amenazas a través de redes sociales.