La represión ocurrida en diciembre de 2001, que terminó con el final del gobierno de Fernando de la Rúa, no solo dejó muertos, heridos y detenidos, sino que tras el mismo dejó varios sentenciados por la causa entre ellos el exjefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos, quien falleció a los 78 años mientras cumplía una pena de prisión domiciliaria por tres años y seis meses, confirmada a fines de 2024, en tanto, su círculo cerrado indicó que no se realizará velatorio.

Quien fuera comisario general había sido condenado, durante el día final del gobierno de Fernando De la Rúa, como responsable de los delitos de homicidio culposo, producidos durante las manifestaciones de diciembre de 2001, de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón y por 25 casos de lesiones culposas, entre ellas la del exministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Hace poco menos de un mes, exactamente el 27 de diciembre de 2024, la Justicia le confirmó su condena, que cumplía en un barrio privado bonaerense. 

El mismo día, el ex secretario de Seguridad de la Nación, Enrique Mathov, también fue beneficiado con el régimen domiciliario, por sus 76 años, y condenado a prisión por cuatro años y tres meses de encierro, también en una residencia privada bonaerense.

La decisión judicial, tomada en el Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py, a cargo de la jueza Adriana Palliotti, se confirmó pese a la oposición de la Fiscalía, las querellas y las víctimas de los hechos represivos, ya que consideraron que las condiciones de detención en estos lugares no reflejan el rigor que debería implicar una condena penal.

Esta medida implica que los condenados deberán permanecer en sus domicilios bajo estrictas condiciones de control, que incluyen la supervisión mediante dispositivos electrónicos y la prohibición de salir del lugar sin autorización judicial. No obstante, este régimen suele ser percibido como una medida más benigna en comparación con el cumplimiento de la pena en una cárcel común.

Las condenas a Santos y Mathov se convirtieron en un caso emblemático en la historia judicial argentina, al establecer un precedente sobre la responsabilidad política en casos de represión estatal. Ambos exfuncionarios fueron juzgados no solo por las acciones directas de las fuerzas de seguridad, sino también por las decisiones políticas que permitieron y ordenaron la represión.

Este fallo, que tardó más de dos décadas en quedar firme, representó un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de los hechos de diciembre de 2001. Sin embargo, la reciente decisión de otorgarles prisión domiciliaria reavivó el debate sobre la proporcionalidad de las penas y el acceso a la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.

Santos y Mathov habían sido detenidos en septiembre de 2024, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara sus condenas, dejándolas firmes, basadas en su responsabilidad política durante la represión estatal que tuvo lugar en la Plaza de Mayo y sus alrededores, en el contexto de las masivas protestas contra el gobierno de Fernando De la Rúa.

El 20 de diciembre de 2001, en medio de una profunda crisis económica y social que sacudía al país, Mathov, en su rol de secretario de Seguridad, dio la orden que desencadenó la violenta represión contra los manifestantes, y por su parte, Santos, como jefe de la Policía Federal, fue señalado como responsable de la ejecución de dichas órdenes.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 marcaron uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Argentina. Las protestas masivas, motivadas por el colapso económico y la imposición del “corralito” financiero, derivaron en una feroz represión estatal que dejó un saldo de 39 muertos y alrededor de 500 heridos en todos el país.

La Plaza de Mayo se convirtió en el epicentro de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que aceleró la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, quien renunció a la presidencia el 20 de diciembre de 2001.