Por Juan Bernardo Domínguez @juanbjd

El pan es un alimento básico de la dieta de los ciudadanos que se suele preparar mediante el horneado de una masa, elaborada fundamentalmente con harina de cereal, agua y sal. La mezcla, en la mayoría de las ocasiones, contiene levaduras para lograr fermentación y que el producto resulte esponjoso, además de tierno.

En tanto, las facturas y las elaboraciones de pastelería también tienen una presencia relevante en la alimentación, menos asociados a la mesa del hogar, pero estrechamente vinculadas a momentos sociales relevantes, como el primer contacto familiar en desayunos o lugares de trabajo y festejos de cumpleaños.

 

De ahí que lo que atente contra el acceso a los productos de panificación genere una preocupación enorme y atraviese a todas las clases sociales.

Representantes del sector aseguraron este jueves en contacto con crónica.com.ar que la grave crisis económica los golpeó con singular violencia.

En esa línea se expresó Martín Pinto, miembro de la comisión directiva del intervenido Centro de Industriales Panaderos Agrupados del Norte (CIPAN) y presidente del Centro de Industriales Panaderos (CIP) del partido bonaerense de Merlo.

El dirigente aseguró que, desde mediados de diciembre último a la fecha, hubo en el sector una caída del consumo de hasta el 80% y “cerraron 160 panaderías en el país”.

Con respecto a la brutal baja de ventas, especificó que fue del “45% en lo que respecta al pan”, mientras que “llegó al 80% en facturas y pastelería”.

Sobre los cierres, puntualizó que, de los 160, se registraron “60 en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 37 se dieron en Merlo”.

“Al pan flauta los panaderos decidimos hacerlo más chiquito para que, cuando vengan a buscarlo, la gente por los $500 pesos de hace cuatro meses, se pueda llevar al menos tres unidades. Hoy el kilo está $1.800 en los barrios periféricos y en las zonas céntricas cuesta $2.200”, sostuvo Pinto al momento de referirse a la pérdida del poder adquisitivo de los clientes.

El dirigente precisó que en el país hay 53.000 panaderías registradas, que generan casi 500.000 puestos laborales de manera directa y otras 250.000 en forma indirecta.

Las causas de la enorme crisis del sector

Pinto, consultado sobre las causas de la enorme crisis del sector, respondió: “Se disparó todo. En noviembre último, ante un desperfecto, bobinar un motor trifásico de una amasadora nos costaba entre $80.000 y $100.000. Hoy está entre $700.000 y $1.000.000”.

El dirigente puntualizó que, a fines del año pasado, “la bolsa de harina de 25 kilos estaba entre $3.500 y $4.000, y hoy se encuentra entre $15.000 y $20.000”.

El miembro de la comisión directiva del CIPAN sumó a las causas el tarifazo en la energía eléctrica. “Una panadería que pagaba una boleta de luz de $150.000, la semana pasada recibió la última por $370.000”, ejemplificó.

El dirigente agregó: “Si a esta altura estamos así, no me quiero imaginar qué ocurrirá cuando nos llegue el aumento del 530% del gas”.

Pinto también se refirió a la eliminación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) por parte del Gobierno de Javier Milei.

El FETA había sido creado en marzo del 2022 para garantizar un valor de referencia en el mercado interno. Los recursos reunidos en ese fideicomiso, según el Gobierno de Alberto Fernández, estaban dirigidos a subsidiar la bolsa de harina 000 común de 25 kilos, que es la que compran las panaderías.

“Nos ayudaba porque la bolsa de harina valuada en el mercado entre $3.500 y $4.000 en noviembre pasado, en ese mes por ejemplo por el FETA se conseguía entre $2.800 y $3.300”, finalizó.

Advierten que muchos panaderías que cierran, se pasan a la "clandestinidad": competencia desleal

Por su parte, el presidente del Centro Industrial de Panaderos (CIP) del partido bonaerense de Quilmes, Diego Salvio, advirtió que “muchos” de sus colegas que cierran, “pasan a funcionar en la clandestinidad”.

“Estamos pasando un momento terrible. Está cerrando una gran cantidad de panaderías. Y muchas pasan a funcionar en la clandestinidad”, alertó en contacto con crónica.com.ar.

Salvio explicó que eso genera “competencia desleal” y que “los trabajadores no cuenten con la obra social”.

“Los que estamos ‘en blanco’, o sea en la formalidad, tenemos que pagar por cada obrero el (formulario) 931 (de la AFIP), sobre las cargas sociales y previsionales; unos $360.000 que ahora se van a unos $450.000. Eso va para el Estado. Además, está lo que recibe como salario directamente el empleado”, detalló el presidente del CIP de Quilmes.

 

Salvio agregó: “Yo pago, entre el sueldo y el 931, $1.000.000 por cada trabajador, mientras que el clandestino paga menos de la mitad”.

“Por eso, el trabajador por una parte no cuenta con su obra social y, por la otra, nosotros no podemos competir con los precios bajos de los clandestinos, que están liberados de las obligaciones de la formalidad”, manifestó.

Por último, alertó que "muchos" de los que funcionan en la informalidad “están además ‘enganchados’ en los servicios de luz y gas”.