Miles de usuarios de colectivos se encontraron este lunes con un paro de actividades que afecta a unas 50 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El reclamo, que se origina en una presunta deuda salarial de la empresa DOTA, complicaba al inicio de la jornada laboral de la última semana de febrero el traslado de pasajeros desde distintos puntos del conurbano bonaerense hacia la ciudad de Buenos Aires, y viceversa.

Quien se mostró en contra de la medida de fuerza fue el secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández. El gremialista culpó a DOTA por el sorpresivo paro y la acusó de utilizar a los trabajadores para presionar al Gobierno por el atraso en el pago de los subsidios correspondientes.

"Nos encontramos con que la empresa DOTA tenía los portones cerrados. El 24 de febrero el Gobierno debía darle el dinero correspondiente por los subsidios y no lo hizo", aseguró en declaraciones radiales en las que también detalló que cuando los choferes llegaron a sus puestos de trabajo se encontraron con que no podían ingresar.

Fernández le atribuyó una intencionalidad extorsiva a la empresa para obtener el giro del dinero que es el destinado al pago de los sueldos. "Es perverso cerrar la puerta y cubrirse con los trabajadores. No somos nosotros, es el grupo DOTA que frenó a varios compañeros", opinó.

El secretario de la UTA también se quejó porque la firma recibe unos $7.000 millones por mes en subsidios y por consiguiente sostuvo que debe tener una previsión para poder cumplir con el pago de los salarios en tiempo y forma.

"El Gobierno tiene que tomar muchas decisiones propias porque los sectores del poder se quieren llevar todo para ellos", cerró Fernández.

El secretario de articulación interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcos Farina, señaló en declaraciones a Radio Nacional que "sorprende y mucho" la protesta. "No es un paro de la UTA, sino de un sector de los trabajadores compositores de la dirigencia de la UTA que perdieron la elección en septiembre", afirmó el funcionario. Farina señaló: "Perjudica muchísimo y estamos tratando de llegar a un buen entendimiento. Hace 10 días cerraron paritarias entre la UTA y empresarios y el Estado reconoce la reestructura de costos, pero el único sector que no firmó acuerdo salarial, de las cinco cámaras del AMBA, fue la cámara que hoy representa a estos trabajadores".

Sobre el atraso salarial, el funcionario argumentó que "no son empleados del Estado, sino de los empresarios que tienen un sistema de transporte público".  "Desde la CNRT estamos controlando, fiscalizando y multando a los que no presten servicios. Se tienen que hacer cargo los empresarios. Le estamos pidiendo a las otras cámaras que refuercen servicios hasta que quede solucionado el conflicto originado por este sector que son oposición a la actual dirigencia de la UTA, porque la UTA no está llevando adelante este paro", consideró. En cuanto a la posible solución del conflicto, indicó que se está "trabajando y hablando con el sector".  "Necesitamos que se cumpla el servicio que es público y esencial. Si no serán sancionados como lo establece la ley", cerró.

Las líneas afectadas son: 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503, 514 y 520.