Un anuncio por demás particular e irrisorio tuvo lugar en la provincia de Chaco. En los últimos días, la gobernación informó la construcción de viviendas en una cantidad superior a la de habitantes chaqueños.

Pero no sólo es motivo de curiosidad e incomprensión dicho excedente, sino también que no hay certeza respecto de la edificación y entrega de los inmuebles, así como de los recursos empleados.

Un interrogante que despierta más sospechas sobre el destino de los fondos públicos. El último registro censal reflejó un crecimiento poblacional en Chaco de 92.000 habitantes. Justamente este índice constituyó el supuesto desencadenante y argumento de una iniciativa que presentó el gobierno provincial en materia habitacional.

La misma, según la gobernación, se vincula con las edificaciones de 100.000 casas para abastecer a esos 92.000 nuevos chaqueños, es decir, más de una propiedad por habitante. Al respecto, el diputado local, Livio Gutiérrez, remarcó que “son palabras, no hechos, porque si uno recorre los barrios del Gran Resistencia, las viviendas son precarias o a medio hacer”.

A su vez, el legislador consideró dicho proyecto provincial como “una contabilidad creativa porque esas viviendas no se hicieron, no sabemos dónde fueron esos recursos ni tampoco cuántos se invirtieron. Hay una cuestión de ingeniería aritmética porque la carencia de viviendas en Chaco es muy grave”.

Por si fuera poco, en la difusión gubernamental tampoco se especificaron las ubicaciones de los inmuebles. Profundizando así un panorama habitacional incierto y confuso, por el cual, reveló Gutiérrez, “presentamos más de cien pedidos de informe y (Jorge) Capitanich ni siquiera respondió a diez”.

En tanto, la Unión Personal Civil de la provincia llevó adelante un paro, en reclamo de vivienda, en los últimos días. Por estas razones, el mencionado diputado adjudicó tan incomprensible anunció a que “Capitanich lo hace porque quiere ser precandidato a presidente”.

Polémico veto del gobernador Por si fuera poco, al ya confuso anuncio de construir viviendas en una cifra mayor a la de ciudadanos chaqueños, en las últimas horas estalló una nueva polémica en el Chaco. La misma se funda en el veto de la ley que prohibía el uso de telefonía celular en los establecimientos carcelarios.

El argumento de la medida unilateral, que determinó el gobernador Jorge Capitanich, radica en garantizar la tecnología con fines educativos. No obstante, quienes rechazan dicha decisión enfatizan que no hay restricción en el empleo de la telefonía móvil y demás accesorios. En este sentido, Livio Gutiérrez, diputado provincial, señaló que “no nos oponemos a que el preso disponga de un celular para educarse, pero que no se lo lleve a la celda”.

Justamente el alarmante ascenso de los delitos virtuales que impulsó la legislación, recientemente vetada, constituye un antecedente que preocupa a los chaqueños